11 jul 2019 , 11:07

Tres denuncias contra 4 integrantes del CPCCS

Asambleísta Raúl Tello y Jeannine Cruz, y director de Unidad Popular impulsan denuncias.

Casi al mismo tiempo, pero por separado, acudieron los asambleístas Raúl Tello y Jeannine Cruz; y el director del movimiento Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, a la Fiscalía General del Estado a presentar sus denuncias contra cuatro de los siete integrantes principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La razón, la misma: haber dado paso a la revisión del proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC). Según los denunciantes, los consejeros José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio cometieron un delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

"Con la decisión que tomaron, adecuaron su inconducta... La responsabilidad penal de los cuatro consejeros está claramente establecida en esa disposición de carácter legal", señaló Tello, quien además asegura tener 70 firmas para llevar a juicio a Tuárez y a Gómez.

 

 

Según la legisladora Cruz, esta acción representa, además de un delito, una causal para destituir a los cuatro de sus cargos; "el juicio político se viene", agregó.

"Al intentar revisar lo actuado por el Consejo transitorio, están violando la sentencia de la Corte Constitucional, no tienen las atribuciones y han cometido un delito", manifestó Atarihuana, quien pide a la Fiscalía que convoque a los cuatro integrantes del CPCCS.

 

La ministra del Interior, María Paula Romo, se sumó a las críticas a lo actuado por el quinto poder. "Desde el punto de vista de la política y de la legalidad, el Consejo de Participación ha cruzado la línea de incumplir al desacatar una sentencia de la Corte Constitucional". 

 

Según el COIP, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente, en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La tarde del 10 de julio de 2019, con los votos de los cuatro consejeros denunciados, el pleno del Consejo de Participación aprobó la conformación de una comisión especializada que revisará el proceso de designación de los jueces constitucionales.

El 7 de mayo de 2019, la CC emitió un dictamen mediante el cual se determino que los consejeros definitivos no podrán “revisar” las decisiones tomadas por los integrantes del CPCCS transitorio.

 

 

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