50 años de esclavitud en Sto. Domingo y Los Ríos, según Defensoría

El informe de la Defensoría del Pueblo que detalla la violación de derechos dentro de 11 plantaciones de propiedad de la empresa Furukawa, en Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, empezó a ser analizado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. 

En esos sembríos, donde viven cientos de trabajadores, según la Defensoría del Pueblo, se viola todo tipo de derechos fundamentales, como los de vivienda, salud, educación, identidad y también los derechos laborales.

De acuerdo con la investigación, esto ha sucedido durante casi 50 años.

En la última inspección realizada por el Registro Civil se encontró que un total de 70 personas no tiene ningun dato de registro civil. “Es decir, el 30% del total de la población de las haciendas visitadas, de esas personas no registradas 59 sin niños y niñas, 3 mujeres y 8 hombres”, indicó Freddy Carrión, defensor del Pueblo. 

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Luego de que la Defensoría solicitó a inicios de 2019 un pronunciamiento del Gobierno y las sanciones correspondientes hacia la empresa, las acciones se limitaron a una suspensión de la compañía en febrero -medida que fue levantada en abril- y a multas económicas.

“De lo que tenemos entendido, el Estado se ha estado reuniendo, tratando de buscar la solución con la empresa Furukawa. La empresa inclusive a ido, de una u otra manera con presión, tratando de llegar a un arreglo para tratar de negociar y de ea manera bajar la presión social”, sostuvo el funcionario. 

Los afectados por la violación de derechos piden la intervención de la Asamblea Nacional porque no ven una respuesta de las demás autoridades.

“He trabajado 18 años dentro de la empresa y la verdad es que nunca hemos tenido un beneficio de ley de nada. La empresa anda por los campamentos llamando gente para darnos una liquidación de 150 dólares por 30, 20, 25 años de trabajo”, aseguró Patricio Guagua, ciudadano denunciante en este caso.

La empresa, en el 2005, fue condecorada por el Ministerio de Trabajo por sus buenas prácticas laborales y habría también recibido un reconocimiento de la Asamblea en el 2016.