08 may 2019 , 12:52

Celi, ratificado como contralor subrogante hasta 2022

El Consejo transitorio resolvió además que continúe el proceso de Tribunal de Cuentas.

Ratificar a Pablo Celi como contralor General subrogante es una de las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, de cara a terminar sus funciones.

La resolución del organismo, de este 8 de mayo de 2019, dispuso "ratificar a Pablo Celi como contralor General subrogante y que permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del periodo para el que fue elegido el titular (Carlos Pólit) y en tanto discurra el proceso de transformación de la Contraloría General  del Estado en Tribunal de Cuentas".

 

 

El mandato aprobado, este 8 de mayo, considera que el pleno CPCCS transitorio "tiene la facultad extraordinaria de proponer reformas necesarias en la materia de su competencia, facultad exclusiva de este órgano de transición, como fue aprobado por el pueblo ecuatoriano en la pregunta 3 y anexo 3 de la Consulta Popular de febrero del 2018".

Pólit ganó y fue posesionado por la Asamblea Nacional, en su tercer periodo como máxima autoridad de la Contraloría, en marzo de 2017. Tres meses después, renunció de forma irrevocable al cargo, lo hizo desde Estados Unidos, donde se encuentra desde mayo de 2017, según argumentó inicialmente por un problema de salud.

Antes de viajar, designó como su subrogante a Sabett Chamoun, pero ese nombramiento fue desconocido y Celi asumió el mando en ese mismo mes de mayo de 2017.

Desde ese entonces, ha venido desempeñando las funciones de subrogante y ha realizado varios exámenes especiales a instituciones con polémicas contrataciones, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), uso de aviones presidenciales y obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa.

En paralelo, Pólit ha enfrentado escándalos como una conversación con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, cuyo audio fue revelado en rueda de prensa por el fiscal general de la época, Carlos Baca. Posteriormente, el excontralor fue censurado en el Legislativo, tras un proceso de juicio político.

Asimismo, afrontó un proceso penal dentro de la trama de sobornos de Odebrecht en Ecuador, en el que fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión.

 

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