29 ago 2018 , 12:06

Dos de los cinco jueces del TCE se salvan de la destitución

Consejo de Participación transitorio destituyó a la presidenta y dos jueces principales.

Por primera vez, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio ratificó en funciones a una de las autoridades evaluadas. Se trata del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, el pleno del organismo consideró "que se ha justificado el cumplimiento de sus funciones y la legitimidad de su cargo".

 

También salvó a la magistrada Patricia Guaicha Rivera, "por no haber sido parte del proceso de evaluación".

 

Casi dos horas duró la sesión del organismo transitorio, de este 29 de agosto de 2018, en el que se resolvió "cesar en funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo de 2016 al 2022 de Mónica Rodríguez y Vicente Cárdenas, como jueces principales del TCE, en funciones al 15 de mayo de 2018, y de los suplentes designados por el CPCCS cesado, el 31 de octubre de 2016. Además, cesar en funciones prorrogadas a Miguel Pérez, como juez principal del Tribunal Contencioso.

 

En la resolución de evaluación de los magistrados del TCE consta que los jueces Miguel Pérez, Vicente Cárdenas y Mónica Rodríguez incumplieron el indicador de independencia de funciones.

 

Asimismo, se detectaron inconsistencias en el manejo de recursos públicos por parte del Tribunal, "específicamente en el contrato para el fortalecimiento de la imagen institucional, en el periodo de la presidencia de Patricio Baca Mancheno, quien renunció al organismo en mayo de 2018. Según el documento, se evidenciaron indicios de prácticas indebidas, especialmente sobreprecio, por lo que "se incumplió con el parámetro de gestión de recursos públicos". 

 

El proceso de evaluación al Tribunal Contencioso inició el 15 de mayo de 2018. En el resultado de ese examen, se determinó conflicto de intereses en la designación de la titular del organismo, Mónica Rodríguez, por haber sido vocal suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2014.

 

Los magistrados tendrán hasta tres días para impugnar la decisión del organismo evaluador, una vez que sean notificados. Luego de eso, el CPCCS tiene cinco días para emitir una resolución definitiva en este proceso.

 

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