Ejecutivo suprimirá y fusionará ministerios

El anuncio lo hizo la noche de este martes 21 de agosto el presidente Lenín Moreno.

El anuncio lo hizo la noche de este martes 21 de agosto el presidente Lenín Moreno. Foto: Flickr Presidencia
21 Agosto, 2018, 9:22 pm
Por: Redacción 


El Ejecutivo anunció la noche de este martes 21 de agosto de 2018 que se suprimirán y fusionarán varios ministerios, agencias y empresas públicas.
 
 
Así, por ejemplo, el Ministerio de Comercio se fusionará con el Ministerio de Industrias y Productividad; el Servicio de Rentas Internas con Aduanas. Se suprimirán, entre otros, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Comunicación (Secom).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El régimen prevé ahorrar 350 millones de dólares mediante estas medias que implican fusión, delegación y optimización de empresas públicas.
 
 
 
Otra de las decisiones tomadas es que se eliminan algunos bienes y servicios a funcionarios gubernamentales de alto rango. Por ejemplo, el pago de tarifas de celulares y la eliminación de la seguridad personal, excepto para aquellos que tengan un alto nivel de riesgo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo resolvió que se restringe la contratación directa, "el uso del Régimen Especial por los perjuicios que ha causado".
 

 
 
Lucha contra corrupción


 
 
Según precisó durante la cadena el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, el régimen identificó “dineros y activos en Panamá y en Estados Unidos”. Añadió que la UAFE y la Procuraduría del Estado trabajan para “traer ese dinero de vuelta”.
 
 
“Hemos contratado a empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Estas firmas son especializadas en la investigación, localización y repatriación de activos obtenidos de manera ilegal”, aseveró Jurado. 
 
 
Anunció que en los próximos días el Gobierno enviará a la Asamblea reformas a la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.
 
 
Se plantea que quien dé datos certeros y comprobables del dinero robado, “tenga una participación del 20% del dinero encontrado”. 
 
 
 
Otra propuesta es “proteger a los denunciantes que hayan incurrido en un acto de soborno y puedan probar que un funcionario lucró en una acción ilícita”.
 


 

 
 
 
 
El Ejecutivo anunció la noche de este martes 21 de agosto de 2018 que se suprimirán y fusionarán varios ministerios, agencias y empresas públicas.
 
 
Así, por ejemplo, el Ministerio de Comercio se fusionará con el Ministerio de Industrias y Productividad; el Servicio de Rentas Internas con Aduanas. Se suprimirán, entre otros, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Comunicación (Secom).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El régimen prevé ahorrar 350 millones de dólares mediante estas medias que implican fusión, delegación y optimización de empresas públicas. 
 
 
Otra de las decisiones tomadas es que se eliminan algunos bienes y servicios a funcionarios gubernamentales de alto rango. Por ejemplo, el pago de tarifas de celulares y la eliminación de la seguridad personal, excepto para aquellos que tengan un alto nivel de riesgo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo resolvió que se restringe la contratación directa, "el uso del Régimen Especial por los perjuicios que ha causado".
 
 
 
Lucha contra corrupción 
 
Según precisó durante la cadena el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, el régimen identificó “dineros y activos en Panamá y en Estados Unidos”. Añadió que la UAFE y la Procuraduría del Estado trabajan para “traer ese dinero de vuelta”.
 
 
“Hemos contratado a empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Estas firmas son especializadas en la investigación, localización y repatriación de activos obtenidos de manera ilegal”, aseveró Jurado. 
 
 
Anunció que en los próximos días el Gobierno enviará a la Asamblea reformas a la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.
 
 
Se plantea que quien dé datos certeros y comprobables del dinero robado, “tenga una participación del 20% del dinero encontrado”. 
 
 
 
Otra propuesta es “proteger a los denunciantes que hayan incurrido en un acto de soborno y puedan probar que un funcionario lucró en una acción ilícita”.
 

 

 
 
 
 

NOTICIAS DESTACADAS