17 ago 2018 , 12:48

Jueza constitucional faltó a audiencia de evaluación

Luego de este proceso, el pleno tiene cinco días para resolver sobre su evaluación.

Con una ausencia y entre rechazos de los jueces constitucionales, se desarrolló este 17 de agosto de 2018 la primera parte de la audiencia pública en la que los nueve magistrados de la Corte Constitucional exponen sus alegatos, dentro del proceso de evaluación que le sigue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

 

Pamela Martínez, jueza y vicepresidenta del organismo evaluado, se excusó de asistir a la diligencia. Mediante un oficio con fecha de hoy, dirigido al titular del organismo transitorio, Julio César Trujillo, señaló -entre otras cosas- que "no me prestaré para el juego político que sugiere su proceder de evaluar jueces constitucionales".

 

 

 

 

Trujillo recordó que la competencia sobre la evaluación fue resuelta en una sesión, cuya votación fue a favor 6-1.“Este Consejo es competente para llamar a evaluar a los jueces de la Corte Constitucional, este es un acto de evaluación, no estamos juzgando a los jueces”.

 

Ante la ausencia de Martínez, Tatiana Ordeñada, Marien Segura, Francisco Butiñá y Roxana Silva fueron exponiendo sus argumentos de defensa frente a su evaluación. Todos coincidieron en que el Consejo transitorio no es competente para evaluarlos. “Los jueces constitucionales solo pueden ser cesados por el pleno de la Corte Constitucional”, dijo Butiñá. 

 

Ya en la fase de pregunta, el consejero Pablo Dávila señaló a la jueza Tatiana Ordeñana por un posible conflicto de intereses y doble función. Le recordó que ella renunció al CPCCS el 5 de noviembre de 2012, se posesionó como jueza de la Corte Constitucional el 6 de noviembre (un día después), pero su renuncia fue aceptada el 8 noviembre de 2012. 

 

A partir de las 15H30, los jueces Manuel Viteri, Ruth Seni Pinargorte, Wendy Molina y Alfredo Ruiz fueron citados a la audiencia pública de evaluación.

 

Luego de este proceso, el pleno tiene cinco días para resolver sobre su evaluación, tres días para que impugnen la decisión y hasta cinco días adicionales para que la resolución final quede en firme.

 

Terminada la evaluación, el Consejo se concentrará en los procesos de selección para elegir a las autoridades definitivas.

 

El organismo de control tiene, además, hasta el 6 de septiembre de 2018, para terminar de evaluar a las autoridades de control, transparencia y justicia, y de ser el caso, cesarlas.

 

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