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Se realizaron negocios por más de 6.000 millones de dólares, según Contraloría. Foto referencial
Se realizaron negocios por más de 6.000 millones de dólares, según Contraloría.
La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la negociación de los contratos de venta de petróleo con empresas chinas.
Hubo conversaciones informales, falta de documentos, aprobaciones verbales y disposiciones reservadas, según el informe de la institución.
El 26 de septiembre de 2017 la Contraloría aprobó el informe sobre la suscripción de dos contratos de compraventa de crudo de Petroecuador con Petrochina y Unipec. Las irregularidades son múltiples y muestran que se negoció crudo por más de 6.100 millones de dólares sin apegarse a las normas.
La negociación quedó casi exclusivamente en manos del entonces gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, pese a que la normativa de Petroecuador establecía la necesidad de contar con un comité ejecutivo y una comisión para seguir el proceso.
La Contraloría también menciona que la informalidad fue la tónica de la negociación, tanto que los contratos fueron firmados sin contar siquiera con una revisión técnica, informes previos y los estudios que certifiquen su conveniencia.
Ni siquiera existen documentos completos que certifiquen la negociación ya que el gerente de comercio internacional ante el directorio sustentó todo el proceso con informes verbales, intervenciones que ni siquiera fueron grabadas en esas sesiones en Petroecuador, cuyo directorio las calificó de reservadas.
Ante el requerimiento de información, solo se recibió de Petroecuador copias parciales de documentos, que no reflejan la continuidad del proceso.
La conclusión de la Contraloría da pie al cuestionamiento que el actual Gobierno ha hecho a este tipo de negociaciones. El 16 de noviembre de 2017 el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, dijo que es necesario renegociarlos.
Los contratos se suscribieron para una duración de ocho años; es decir, hasta el 2020, pese a que el directorio de la estatal había aprobado que sean por un máximo de 2 años.
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