07 sep 2017 , 06:30

Dictan medidas cautelares contra nuevo vinculado en caso Etapa de Cuenca

Santiago C. V. está procesado en calidad de cómplice por supuesto tráfico de influencias.


El juez José Peralta acogió el pedido de la Fiscalía del Azuay y vinculó este jueves 7 de septiembre de 2017 a Santiago C. V. en calidad de cómplice al proceso por el delito de tráfico de influencias que se habría cometido en la empresa municipal de Cuenca Etapa (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento). 

 

También se le ordenó presentarse cada ocho días ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país, según un boletín de la Fiscalía General del Estado. 

 

“Santiago C. V. se desempeñó como subgerente jurídico de Etapa y habría emitido un criterio jurídico que indicó que no existían inhabilidades para adjudicar y suscribir el contrato con Delcon-Consfercor”, precisa el Ministerio Público. 

 

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El contrato fue adjudicado a este consorcio por USD 9’642.459,30 para la ampliación de la planta de agua potable de Tixán.

La investigación del caso inició en marzo de 2017 luego de una denuncia del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que detectó que el 17 de enero de 2017 Etapa adjudicó un contrato “presuntamente violentando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prohíbe la contratación con empresas cuyos accionistas mantengan vínculos de consanguinidad con los integrantes de la comisión calificadora o los representantes legales de las entidades públicas”, recuerda el comunicado.

 

La Fiscalía formuló el 12 de junio de 2017 cargos contra Carlos FdC., gerente de Agua Potable de Etapa, quien es primo de Iván FdC. y sobrino de Jorge FdC. Según el Ministerio Público, los dos últimos son socios de Delcon-Consfercor. 

 

También están procesados Iván P., exgerente general de Etapa, quien firma en la adjudicación y en el contrato; y Jason E., presidente de la comisión calificadora de ofertas.

Las oficinas de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento fueron allanadas el pasado 12 mayo de 2017. Proveedores denunciaron irregularidades en los procesos de contratación.

 

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