Manifestantes rechazan Código de Entidades de Seguridad en exteriores de la Asamblea

Un grupo de manifestantes se concentra en los exteriores de la Asamblea Nacional con un propósito: rechazar la aprobación del proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que -entre otras cosas- plantea la creación de un Servicio de Protección Pública, integrado por civiles.

La protesta se congregó en los alrededores del parlamento, ello obligó a que la seguridad policial se reforzara en los principales accesos del edificio legislativo.

A las 15H30 de este 10 de mayo estaba previsto que el pleno analice la propuesta en segundo y definitivo debate. Se conoció que habría desacuerdos en la bancada del oficialismo, quienes hasta las 16H30 se mantenían en una reunión reservada.

Mientras los asambleístas de oposición esperaban en sus curules la instalación de la sesión, convocada por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.

El proyecto consta de 4 libros. En ellos se incluye la legislación que regirá la estructura, procesos y mecanismos que ejecutan las entidades de seguridad que están bajo la competencia del Gobierno Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En el Libro I consta el articulado sobre la Policía Nacional, en el Libro II el Sistema Especializado Intregral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses; en el Libro III el Servicio de Protección Pública; y, en el Libro IV la Entidades Complementarias de Seguridad y Orden Público. 

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Con el Libro III se crea el Servicio de Protección Pública, con su personal civil, especializado y técnico, que se encargará de custodiar a las más altas autoridades y a las sedes de las 5 funciones del Estado.

Esta función la cumplen en la actualidad 1.238 miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, entrenados para cumplir otras disposiciones, según el documento. Indica, además, que el servicio se sustenta en un ahorro a largo plazo y optimización de recursos, pero señala que la transición demorará unos 10 años.

Este capítulo generó criterios dividos al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, encargada de elaborar los informes del proyecto para los respectivos debates en el pleno.