Ejecutivo envía a Asamblea proyecto para reestructurar deudas de banca pública y cerrada

Como proyecto económico urgente el primer mandatario ingresó a la Asamblea la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional.

Contempla que la empresa Recycob, que antes era el Banco Cofiec, compre la cartera de deuda que posee el Banco Central del Ecuador.

Además establece ciertas condiciones que flexibilizan el cálculo de deuda, plazos, procesos coactivos y condonaciones en casos puntuales.

Pero el colectivo denominado "Deudores de buena fe" dice que la ley no resuelve el problema de la mayoría de personas que cargan a cuestas deudas injustas. 

LEA TAMBIÉN: Deudores de buena fe se reúnen con ministro coordinador de Política Económica

Se trata de los clientes que en la década de los 90 tenían créditos con la banca cerrada y que tras el feriado bancario enfrentaron remate de bienes e intereses exorbitantes. Por casi dos décadas han vivido excluidos del sistema financiero.

Ricardo Ruperti es su vicepresidente: “Muchísimas deudas fueron pagadas, muchísimas deudas no son legítimas, hay mucha falsificación de documentos. Por Dios, el presidente de la República habla de que si el deudor ya le remataron su garantía, la deuda se extingue; eso es lo que sucede con muchísimos compañeros nuestros y, sin embargo, aquí no se aplica”.

Ellos aseguran que la ley contempla beneficios para los deudores vinculados, lo que consideran injusto. “Son aquellos deudores que estaban, de alguna manera, relacionados con los dueños de los bancos. Oficialmente las autoridades dijeron que jamás se podía permitir que se beneficien; en este proyecto de ley están siendo beneficiados”, aseveró.

La tarde de este martes Ecuavisa envió una solicitud de entrevista al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, quien emitió el dictamen favorable de la ley, para hablar de las preocupaciones de los “Deudores de buena fe”. El canal está a la espera de una respuesta.

Al ser un proyecto enviado como económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.