Caso Petroecuador: Niegan recurso para reducir pena a Álex Bravo por enriquecimiento ilícito

La jueza Ana Lucía Cevallos negó este 9 de febrero de 2017 el pedido de procedimiento abreviado solicitado por Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, en el marco de la audiencia preparatoria de juicio por enriquecimiento ilícito. Este recurso le permitía al exfuncionario reducir la pena que solicitara la Fiscalía General del Estado por este delito.

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La Fiscalía había acordado que Bravo se declare culpable y que a cambio cumpla una pena de 56 meses de prisión, pero la jueza dijo que en este caso se ha perjudicado al Estado ecuatoriano. 

Diego Velasco, abogado de Bravo, afirmó que existen inconsistencias en los informes de la Contraloría, que son el principal sustento de la acusación.

Por la tarde la jueza ratificó que Bravo será llamado a juicio por el delito de enriquecimiento ilícito dentro de un proceso ordinario. El exfuncionario también tiene abierto un juicio por cohecho. 

Basados en exámenes especiales realizados a las declaraciones patrimoniales juramentadas de Bravo, la Contraloría alerta un presunto crecimiento injustificado de aproximadamente $ 540.000.  

Para este 10 de febrero de 2017, a las 08:15, se tiene previsto la reinstalación de audiencia de juzgamiento contra Álex Bravo y 17 procesados más. Esta diligencia se realiza desde el 7 de febrero, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

En otro delito del mismo caso, la Corte Provincial de Pichincha negó la acción del Hábeas Corpus interpuesta por Javier Baquerizo Zambrano, uno de los 18 procesados en el juicio por el presunto delito de cohecho en la red de corrupción descubierta en la petrolera estatal.

Baquerizo sería gerente de la empresa Oil Services & Solution (OSS). Según informes de Fiscalía, esta firma estaría involucrada en la trama de depósitos en empresas off shore, creadas en Panamá, supuestamente a cambio de contratos en la estatal petrolera.

Baquerizo está en prisión desde el 16 de agosto de 2016, y su abogado considera que su detención fue ilegal. Dice que en el caso existe presión política. Pese a sus argumentos, los jueces ratificaron la medida de prisión.