03 ene 2017 , 04:31

Odebrecht: Concejo Metropolitano se reunirá para revisar contrato del metro de Quito

El alcalde Mauricio Rodas aclara en un comunicado un supuesto sobreprecio de la obra.

El Concejo Metropolitano de Quito mantendrá una sesión extraordinaria este 4 de enero de 2017. Así lo anunció el alcalde Mauricio Rodas en un extenso comunicado con su pronunciamiento oficial sobre la participación de Odebrecht en la obra del metro de la capital.

 

En el documento, de 10 puntos, el burgomaestre aclaró el supuesto sobreprecio en la contratación de la II fase de la obra. "Se ha dicho equivocadamente que el proyecto tuvo un supuesto sobreprecio de aproximadamente $490 millones, eso es absolutamente falso. La anterior administración municipal calculó un presupuesto referencial subvalorado del proyecto en $1.500 millones". 

 

Rodas mencionó un informe del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a los estudios de la Fase II del Metro, que se refiere a los procedimientos realizados por funcionarios de la anterior administración municipal, del 27 de diciembre del 2016, que entre sus conclusiones señala que “…el presupuesto referencial por Metro de Madrid S.A., contrastando con los resultados obtenidos en la licitación de la Fase II, resultó… entre $490 millones y $851 millones, menor que las ofertas presentadas, lo que confirma que estuvo subvalorado respecto de los precios de las empresas constructoras que presentaron sus ofertas".

 

También recordó que la fase II del metro de Quito fue adjudicada al consorcio hispano-brasileño Acciona–Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a la empresa brasileña. Asimismo, señaló que en septiembre de 2016, el consorcio solicitó oficialmente su reestructuración mediante la salida de Odebrecht, cuyas acciones serían adquiridas en su totalidad por Acciona y sus filiales, y que ese proceso está en revisión.

 

Las instituciones del Estado se deben abstener de contratar a la constructora brasileña. Así lo resolvió un juez de Pichincha, según anunció el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en su cuenta de Twitter. La medida fue adoptada mientras duran las investigaciones por supuestos sobornos que hizo la empresa brasileña a Ecuador por $33,5 millones, con el objetivo de beneficiarse de contratos por un monto de $116 millones, entre 2007 y 2016.

 

 

 

 

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