28 oct 2016 , 03:20

Prisión preventiva para Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio

Ambos procesados deberán responder por presunta divulgación de mensajes enviados a Correa.

El juez Jorge Blum ordenó el 28 de octubre de 2016 la prisión preventiva del exasambleísta Cléver Jiménez y su entonces asesor  Fernando Villavicencio, acusados de divulgar presuntamente mensajes enviados al presidente de Ecuador, Rafael Correa. De acuerdo con la Fiscalía, la información está protegida por el derecho a la inviolabilidad y al secreto.

 

En una audiencia que duró más de ocho horas y terminó en la madrugada, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó 35 elementos de convicción en el caso, indicó la Fiscalía.

 

En el caso, Jiménez y Villavicencio fueron llamados a juicio.

 

Chiriboga expuso ante el juez que, entre octubre y noviembre de 2013, los dos procesados "difundieron información confidencial que habían extraído de forma irregular desde correos enviados por el procurador general del Estado, Diego García, al presidente Rafael Correa, y al asesor de la Presidencia de la República, Alexis Mera".

 

Esta información fue divulgada a través de un boletín de prensa enviado desde el correo de Jiménez y mediante un reportaje elaborado por Villavicencio y difundido por un blog, señaló la Fiscalía.

 

Según Chiriboga, se trataba de información que el procurador envió sobre la trasnacional Chevron, y que contenía la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano sobre un proceso contra la empresa estadounidense.

 

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"Esa información fue ofertada para que la petrolera la utilice en un caso ante una Corte de Estados Unidos", indicó la Fiscalía en un comunicado, en el que apuntó que "el juez no aceptó por considerar que se trataba de información privilegiada".

 

En otro caso, Jiménez y Villavicencio, junto a Carlos Figueroa, fueron condenados en el pasado por injuriar a Correa, los dos primeros a un año de prisión y el tercero a seis meses.

 

Los tres fueron sentenciados por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno interpretó como un intento de golpe de Estado.

 

Los condenados acusaron a Correa ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

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