Funciones del Estado respaldan posición de Gobierno de Moreno frente a acción de CIDH
Mandatario anunció que varios funcionarios del Gobierno viajarán a sede de Corte IDH.
El presidente de la República, Lenín Moreno, calificó la tarde del miércoles 7 de febrero de 2018 de “insolente intromisión” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedir medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El mandatario se reúne desde las 17H00 con los titulares de 9 funciones del Estado. Entre otros, acudieron el presidente de la Asamblea, José Serrano; el fiscal general del Estado, Carlos Baca; y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González.
Moreno llamó “decisión espuria” a la decisión de la CIDH de pretender dejar sin efecto la reestructuración del Consejo de Participación luego de que la pregunta referente al tema fue aprobada en la consulta popular del domingo 4 de febrero de 2018.
El gobernante anunció desde Carondelet que el jueves 8 de febrero de 2018 viajará a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, funcionarios del Gobierno ecuatoriano como la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia Rosana Alvarado.
“Defenderemos, como ustedes entenderán y eso está bastante claro, nuestra soberanía; y no permitiremos que organismos supranacionales atenten contra nuestra Constitución, contra la democracia, el derecho internacional y la voluntad del pueblo ecuatoriano”, expresó el mandatario.
“Esta convocatoria tiene como propósito defender aquello que es el supremo derecho de un pueblo, que es su capacidad y su derecho de, en las urnas, manifestar su opinión, su criterio acerca de lo que es y debe ser su Gobierno y lo que deben ser las instancias el Estado”, manifestó.
Durante la reunión las autoridades del Estado, Moreno demandó una “férrea unidad institucional para defender la democracia, soberanía y la voluntad popular” y calificó como “inaceptable los intentos de desestabilización interna orquestados por actores políticos que se opusieron a la consulta y que ahora, luego de la pérdida abrumadora, buscan apoyo en organismos que antes denostaron y cuestionaron”.
“Mi gobierno, el Gobierno de todos, es respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por el Estado y más aún de los que garantizan los derechos humanos. (…) Pero también es consciente y no vacilará en defender el legítimo y soberano derecho del pueblo ecuatoriano expresado a través de un mecanismo de democracia directa, como es la consulta popular, frente a una eventual decisión espuria, así lo consideramos, de un organismo internacional que favorezca el interés de tres funcionarios que únicamente pretenden conservar sus puestos”, aseveró.
La reunión finalizó cerca de las 19H45 del miércoles y posteriormente la ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa dio una rueda de prensa en la que destacó que los presidentes de las funciones del Estado que acudieron a la cita en Carondelet firmaron una declaración en la que resaltan que el pronunciamiento de las urnas en la consulta es una “expresión soberana del pueblo”.
Agradezco a los representantes de las Funciones del Estado, su compromiso con la Patria y su respeto por la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/UVac0QCMEW— Lenín Moreno (@Lenin) 8 de febrero de 2018
La canciller insistió en que la respuesta del presidente Moreno frente a la CIDH ha sido contundente para defender la consulta popular y reiteró que es “obligación del Estado respetar la voluntad popular”.
Entre tanto, el vicepresidente del Consejo de Participación, Edwin Jarrín, dio a conocer que fueron notificados formalmente por la CIDH del pedido planteado a la Corte IDH sobre las medidas provisionales a favor de los integrantes del Cpccs.
Notificados formalmente por la CIDH, mientras las autoridades del Estado (varias designadas por el CPCCS) en Carondelet firman un comunicado. Exigan informe de constitucionalidad, eso es todo. Será que cuidan el puesto en la evaluación? pic.twitter.com/YVSr3Yh8WA— Edwin Jarrín (@edwinjarrin) 8 de febrero de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el martes 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitir medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
Estas medidas se piden “con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”, indicó la Organización de Estados Americanos (OEA) en su web oas.org
Esto motivó el retiro del representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador José Valencia, tras ser llamado a consultas por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.
En un comunicado del martes 6 de febrero de 2018, el Gobierno de Ecuador calificó el accionar como "incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales; que, a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano, se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa, que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático".
El presidente Moreno reveló este 7 de febrero de 2018 que mantuvo un diálogo telefónico con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en medio de las diversas reacciones que generó el pedido de la CIDH a la CorteIDH.