Jorge Glas es trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena
El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue trasladado este lunes 10 de noviembre desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta la recién inaugurada Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. El jefe de Estado, Daniel Noboa, confirmó en su cuenta en X el movimiento del exfuncionario, quien cumple sentencias por corrupción.
En la red social X, Noboa escribió: "Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales". El gobernante adjuntó dos fotografías del exsegundo mandatario.
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La abogada de Glas, Sonia Vera, denunció que el traslado penitenciario del exvicepresidente y la difusión de imágenes suyas en prisión constituyen un "acto de desacato y humillación institucional" por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
Según la jurista, dichas acciones vulneran las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 17 de octubre de 2025, que ordenan al Estado ecuatoriano proteger la dignidad, integridad y vida del exvicepresidente.
La defensa sostiene que el anuncio del traslado se hizo sin notificación previa, sin informe médico y sin intervención de la Mesa Técnica dispuesta por el sistema interamericano, lo que configuraría —asegura— una "transgresión grave y dolosa" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
300 presos en la Cárcel del Encuentro
La prisión, bautizada por Noboa como Cárcel del Encuentro en coincidencia con el nombre de la trama de corrupción que catapultó la precipitada salida del poder de su predecesor, Guillermo Lasso (2021-2023), comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de USD 52 millones, a cargo del grupo español Puentes, controlado por la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
El complejo carcelario se levanta en la comuna Juntas del Pacífico, perteneciente al cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre.
Cuando se inició su edificación, se anunció que la penitenciaría iba a tener capacidad para 800 reclusos. Sin embargo, la cárcel ha sido inaugurada con 300 presos, de acuerdo a Noboa. Muchos de ellos fueron trasladados desde prisiones de Guayaquil, Portoviejo, Machala, Esmeraldas y Latacunga.
El presidente agregó que los presos fueron rapados al ingresar, una medida que recuerda a las aplicadas por el Gobierno de Nayib Bukele en las prisiones de El Salvador. Sin embargo, no se ha precisado si esa disposición aplica para todos.
Por otra parte, este nuevo reclusorio ha comenzado a funcionar sin que exista un acto oficial de inauguración y sin que la prensa pueda visualizar ni siquiera la parte externa de la prisión. Cientos de militares y policías resguardan la zona. Varios uniformados han cercado el camino de acceso para impedir que medios de comunicación lleguen a las instalaciones carcelarias.
Campaña y masacre
La puesta en marcha de la Cárcel del Encuentro ocurrió un día después de una nueva masacre penitenciaria. 32 presos fueron asesinados y otros 33 resultaron heridos en la cárcel de Machala.
La revuelta habría iniciado la madrugada del domingo, cuando integrantes del grupo criminal Sao Box asesinaron a cuatro miembros de Los Lobos, que era su aliada.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este lunes que el enfrentamiento entre Los Lobos y los Sao Box se había originado porque supuestamente ellos querían "formar caos", al enterarse de que iban a iniciar los traslados de algunos presos hacia la nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Elena.
"Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena, y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar", señaló Reimberg en una entrevista con radio Canela, sin decir cómo los presos tenían información de ese tipo.
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Adicionalmente, la inauguración de la Cárcel del Encuentro coincide con los últimos días de campaña electoral por la consulta popular y reférendum del domingo 16 de noviembre.
Los ecuatorianos se pronunciarán sobre la posible instalación de una nueva Asamblea Constituyente, la presencia de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas.