La Fiscalía General del Estado necesita más manos y una depuración
En la Fiscalía reconocen sus culpas, en su página web está colgado un video institucional que resume los problemas que la aquejan, la congestión de causas, la falta de autonomía real, de infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, injerencia de otras funciones del estado, presión política o insuficiente talento humano, entre otras.
En Ecuador existen 887 agentes fiscales, la norma internacional dice que deberían ser 8 fiscales por cada 100 mil habitantes, si Ecuador se ajustara a esa norma tendría que tener 1 440 fiscales, hacen falta 533.
Y mientras tanto las denuncias no han parado, en el 2019 se recibieron USD 2 millones 500 mil, para el 2024 ese número casi se duplicó; no todas terminan en un proceso, pero todas deben ser atendidas.
“No damos abasto, por más esfuerzo que hagamos para trabajar de lunes a domingo, no vamos a poder responder adecuadamente cuando el numérico de fiscales está aproximadamente en el 50 % de lo que realmente necesitamos”.
La razón por la que no hay más fiscales tiene que ver con presupuesto y también con gestión, a los fiscales no los escoge la Fiscalía, sino el Consejo de la Judicatura, que debe llamar a concurso de méritos, pero el último concurso se hizo en el 2015.
En la Fiscalía cuentan que han enviado 16 oficios para pedir que se abra un concurso nuevo, pero no ha habido respuesta.
Para cada fiscal habría que contratar además un secretario y un asistente. Se tendría que abrir más de 500 oficinas o puntos de atención de la Fiscalía.
La institución también ha sido cuestionada por no pedir la formulación de cargos cuando los delitos parecen evidentes o por dejar libre a personas atrapadas en flagrancia.
En la Asamblea, el Fiscal General lo atribuyó a los partes mal redactados o con ambigüedades escritos por la Policía Nacional y también a que los fiscales, no hacen las leyes.
“Las medidas sustitutivas son instituciones que el legislador puso en el Código Orgánico Integral Penal”.
La Fiscalía asegura que se encuentra enfrascada en una depuración interna desde el 2019, existen 230 solicitudes ante el Consejo de la Judicatura para que intervenga, abra sumarios administrativos y separe al funcionario, si fuera el caso.
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Pero el mayor obstáculo para ejercer hoy el trabajo de fiscal es la inseguridad. Desde el 2022 hasta hoy han sido asesinados siete fiscales y hay más de 50 incluidos en el programa de víctimas y testigos.
“Que hemos hecho desde la legislación, para dar un respaldo con el estado a los operadores de justicia, ninguno”.
El presupuesto de la Fiscalía es de USD 132 millones y se ha mantenido estable durante los últimos cinco años, pero sus problemas superan el tema presupuestario, son parte de un sistema judicial que exige cambios de manera integral.