El Fiscal General asegura que jueces y fiscales no tienen garantías en su trabajo contra la delincuencia organizada
Wilson Toainga, fiscal general (subrogante), aseguró que en Ecuador, los fiscales y jueces no tienen garantías para desarrollar su trabajo, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada.
Lo dijo el 23 de junio, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa continúa con la investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que afronta el país.
Revise: 75 motos y tricimotos se quemaron en patios de la Policía Judicial, en Guayaquil
El Fiscal explicó que todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con el crimen organizado.
Al respecto, recordó que existe una normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es una problemática regional y mundial que data de la década de los noventa. "Frente a esto, nuestra legislación también debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales", añadió.
Partes policiales mal elaborados dificultan el trabajo de fiscales
El Fiscal General (subrogante) también explicó que la actuación de los fiscales, en los casos de flagrancia, depende de los partes de aprehensión y/o de novedades elaborados por la Policía y Fuerzas Armadas. Explicó que no todos los partes ni todos los expedientes cuentan con la debida fundamentación para formular cargos; "tampoco encajan en los presuntos delitos que se mencionan en ellos", dijo.
Le puede interesar: Kevin Prendes, sentenciado en el caso Metástasis, defiende a uno de los militares procesados por la fuga de alias Fede
Según Toainga, esta es la razón por la que los fiscales, cuando los elementos probatorios lo permiten, solicitan medidas cautelares, personales o reales, según corresponda. "No todos los casos ameritan prisión preventiva y, en muchas ocasiones, el juez, sobre la base de las normativas nacionales e internacionales, decide otorgar medidas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial", añadió.
Los miembros de la comisión remitirán un pedido de información a la Fiscalía General, documentación que será debidamente analizada y evaluada para la construcción del informe en torno a esta investigación.