Un bufete de abogados en Guayaquil denuncia extorsión digital con videos falsos
Un bufete de abogados con sede en Guayaquil señala haber sido víctima de extorsión mediante videos difundidos en TikTok, X y Facebook. El caso fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que procesa actualmente a tres hombres por el presunto delito de extorsión. De acuerdo con los denunciantes, los implicados exigían USD 5 000 a cambio de detener una campaña de desprestigio en redes sociales.
En TikTok, los videos -realizados con inteligencia artificial- en contra del estudio jurídico comenzaron a circular a inicios de agosto. Uno de ellos menciona, por ejemplo, que los abogados ofrecen servicios para lavar dinero. En otros, los menciona como "insolventes" o "estafadores". Desde la cuenta @NoAbogadosPillos se han publicado 18 videos en contra del bufete. Estos se han replicado en las otras redes sociales
Los tres procesados enfrentaron la audiencia de formulación de cargos el 23 de agosto. Un juez calificó la legalidad de la aprehensión de Roberto Marcelo G. V., Erick Francisco T. N. y Luis Martín R. V. Este último ha enfrentado un proceso judicial por asociación ilícita.
Aunque la Fiscalía pidió prisión preventiva, el magistrado concedió medidas alternativas para los tres hombres. Ellos tienen prohibición de salida del país y deben presentarse todos los viernes en la Fiscalía.
En esa audiencia se explicó que el bufete pagó 600 dólares a un sujeto que los contactó mediante WhatsApp. Ese individuo proporcionó dos números de cuentas para que se realicen las transferencias. Los dueños de esas cuentas bancarias no están siendo procesados ni están detenidos.
La defensa de dos de los procesados, a cargo de la abogada Djalma Blum, calificó el caso como "una simulación" de delito y cuestionó el operativo policial en el que fueron detenidos, al que describió como "monstruoso" y con uso de violencia. Aseguró además que uno de los aprehendidos resultó con una herida profunda en el cuello.
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Blum insistió en que sus clientes no guardan relación con los hechos denunciados y alegó que los USD 600 fueron entregados de manera voluntaria para obtener información. "El juez estableció la inexistencia de relación entre el hecho denunciado y las personas aprehendidas", sostuvo.
El caso se mantiene en etapa de instrucción fiscal y abre un debate sobre los riesgos del uso de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial en delitos de extorsión y campañas de desprestigio.