Ecuador: 44 jueces solicitaron protección al Estado por recibir amenazas
Heidy Borja es jueza penal de la zona 8 de Guayaquil, una de las más peligrosas del país. Recibió esta amenaza en su celular, firmada por los tiguerones y los lobos, con información sobre su familia.
Ella es una de 44 jueces que han solicitado protección, la tuvo durante 15 meses y según dijo el Estado no está preparado para respaldarlos frente al crimen organizado.
“Prácticamente, estás pagando, por tu servicio de protección, que debería ser una obligación del Estado ecuatoriano de proteger a los jueces penales; deben ser los responsables, en los viáticos, alimentación o custodia o dispositivo de seguridad o para poder adquirir equipos de protección o realizar el servicio de blindaje”.
Del otro lado están los jueces que cedieron y trabajan para los grupos delincuenciales y el narcotráfico. Los tres últimos escándalos judiciales:
Dejaron 22 jueces destituidos y sentenciados, por citar algunos casos: el juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, cobró USD 200 mil para liberar a dos sicarios de la red del narcotraficante Leandro Norero. También sacó ilegalmente de la cárcel a Jorge Glas y a condenados por tráfico de drogas y peculado.
Lea: El exjuez Emerson Curipallo, suma una nueva sentencia por prevaricato
El juez de La Concordia, Ángel Lindao, cobró USD 50 mil para devolver bienes incautados a narcotraficantes y vendió nueve sentencias para liberar a condenados por tráfico de drogas, asesinato y robo.
Más ejemplos se dieron en Paján, Chone, Flavio Alfaro, Yaguachi, Manglaralto y otros pequeños cantones escogidos por las mafias.
Jueces provinciales también colaboraron con el crimen. La trama más grave se montó en la Corte de Guayas, involucró a su presidenta, Fabiola Gallardo, y a siete jueces más; todos bajo el mando del asambleísta socialcristiano, Pablo Muentes.
En la Corte Nacional, el juez Wilman Terán cobró USD 10 mil para demorar la sentencia del hermano de Norero y solicitó USD 2 millones para fallar a su favor, según la sentencia.
En los casos Metástasis, Independencia Judicial, Purga y Vocales, otros 10 jueces nacionales resultaron salpicados. Testigos los involucraron en cobros por fallos, visitas a Terán en medio del concurso de la Corte Nacional, reuniones con Rafael Correa en el exterior y maniobras para anular la sentencia del expresidente.
La mayoría de jueces del país fueron nombrados durante el correísmo; no han sido evaluados ni reemplazados.
Los jueces nuevos tampoco se salvan. En 2022 se creó la Unidad Especializada de Jueces Anticorrupción y Crimen Organizado, uno ya fue destituido y otros tres están suspendidos e investigados por la Fiscalía en el caso Fachada, vinculados a familiares del cabecilla de Los Comandos de la Frontera.
Le puede interesar: Fiscal provincial de Guayas anunció que hacen falta más de 184 agentes fiscales para cumplir estándares
La Contraloría dio otro dato alarmante: desde noviembre de 2023 hasta la fecha examinó el patrimonio de 108 jueces y encontró indicios de responsabilidad penal en 57 de ellos; es decir, en el 53 % no pudieron justificar desde USD 200 mil hasta USD 2 millones. El Contralor envió los expedientes a la Fiscalía para que se abran investigaciones penales.
En el último eslabón de la cadena quedan los usuarios de este sistema de justicia, que necesita una depuración profunda y garantías para que los jueces honestos puedan trabajar y sancionar al crimen organizado.