Caso Magnicidio FV | La audiencia de vinculación de alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis se difirió al 26 de diciembre
En la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, la jueza Luz María Ortiz declaró reservada la audiencia de vinculación de alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis, al proceso penal por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado la tarde del miércoles 9 de agosto de 2023 tras salir de un coliseo donde hubo un mitín político.
La diligencia se programó en el Complejo Judicial Norte. Desalojaron a la prensa. También a los abogados de los procesados José Serrano Salgado y Daniel Salcedo Bonilla, quienes querían presenciar la audiencia.
Al final, no se instaló la audiencia de vinculación, Luis Arboleda, alias Gordo Luis, dijo que recién fue notificado ayer y que tiene un abogado privado, no acepta ser representado por un defensor público.
La audiencia de vinculación se postergó para el 26 de diciembre.
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La jueza Daniela Ayala fue suspendida 30 días
Con votación unánime, el Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó la sanción a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Daniela Ayala, con de 30 días de suspensión sin goce de remuneración. Ocurrió este viernes 12 de diciembre de 2025. La causa: por cometer infracciones disciplinarias de los artículos 107, numeral cuatro, y 108, numeral uno, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Tres meses antes, el fiscal subrogante de ese tiempo, Wilson Mentor Toainga, presentó una denuncia y la magistrada fue suspendida sin remuneración. Los cuestionamientos pesaron sobre ella porque, en la audiencia de formulación de cargos, del pasado 3 de septiembre, por la muerte de Villavicencio, en contra de los autores intelectuales, hizo comentarios que no responden a su cargo de jueza. De hecho, en la diligencia, hizo fuertes críticas contra la fiscal Ana Hidalgo porque su trabajo no fue imparcial y objetivo.
Según la Judicatura, sus comentarios afectaron a la fiscal, causando un perjuicio a su integridad personal y profesional. Además, incurrió en actos de intimidación al cuestionar su idoneidad y aptitud para ejercer el cargo.
Adicionalmente, se determinó que las expresiones de la jueza sancionada se agravaron al ser emitidas en una audiencia pública, en el marco de un proceso de alta sensibilidad social y frente a las partes procesales.
El proceso disciplinario concluyó que las declaraciones de Ayala no solo constituyeron una agresión verbal, tipificada en el artículo 107.4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, configuraron una agresión de obra, al deslegitimar a la fiscal y a la institución a la que representa.
Ante eso, se pidió que Ayala sea retirada de la causa.
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