Rafael Correa también emitió un decreto para supervisar y disolver las organizaciones no gubernamentales
No es la primera vez que un gobierno busca controlar las organizaciones no gubernamentales, como fundaciones, gremios, asociaciones. En junio de 2013, el entonces presidente Rafael Correa emitió el decreto ejecutivo 16 para vigilar y disolver fundaciones, nacionales y extranjeras, organizaciones gremiales y sociales que le resultaban incómodas.
En 2015 lo amplió con otro decreto, el 739. En los dos estableció ocho causales de disolución, entre ellas, desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas y dedicarse a actividades de política partidista. Rafael Correa, en 2013, dijo:
“Y porque no se controla a las onegés, o a caso el financiamiento de ellas está garantizado, que viene de fuentes legítimas y legales”.
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Bajo ese paraguas, logró sacar del país la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, USAID, a la que acusó de nexos con la CIA para desestabilizar su gobierno.
Disolvió la fundación Pacha Mama por organizar movilizaciones contra la política petrolera. Acción Ecológica, por rechazar las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y denunciar violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
La Unión Nacional de Educadores, el gremio más grande que tenía el país, con más de 130 mil socios. Fundamedios, organización de defensa de la libertad de expresión, financiada por Estados Unidos. En ese periodo, 44 organizaciones fueron liquidadas y cuatro disueltas.
En octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno derogó los decretos 16 y 739 para devolver la personería jurídica a las onegés. Pero también disolvió el Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro, que creó el correísmo para supuestamente formar políticamente a sus militantes porque recibía recursos del extranjero.
“El gobierno de Venezuela este entregando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano, tenemos todas la pruebas”.
La propuesta para reformar el control de las onegés, fundaciones y otras organizaciones sociales está de vuelta con el proyecto de ley de Fundaciones enviado por el presidente Noboa a la Asamblea como económico urgente. Pero esta vez apunta a controlar y transparentar las fuentes de su financiamiento.
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El gobierno habla de evitar el lavado y el ingreso de recursos para terrorismo. Pero ya hay voces que indican que para ello ya hay mecanismos legales y que el control de toda la sociedad civil organizada puede, como durante el correísmo, derivar en persecución u hostigamiento a eventuales opositores.