En el presupuesto de la Judicatura se priorizará el mantenimiento de edificios, tecnología y renovación de vehículos

La Proforma Presupuestaria 2026 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2026 - 2029 fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en la sesión ordinaria número 089-2025. El objetivo es contar con una planificación operativa para el próximo año y hay un presupuesto de USD 348 millones.

Ahora, se priorizarán los servicios básicos y, de forma parcial, los mantenimientos, arriendos, materiales de oficina y suministros, durante el próximo ejercicio fiscal.

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Infraestructura judicial en estado alarmante

Durante la reunión se indicó que la infraestructura física judicial se encuentra en un estado alarmante. El 65% de los edificios presenta condiciones críticas, situación que se agrava, con la asignación limitada de recursos presupuestarios.

De las 437 dependencias existentes, solo el 63,5% funciona en inmuebles propios, mientras que el resto opera en espacios arrendados o en comodato, generando gastos adicionales y limitando la inversión.

A escala nacional, existen 437 judicaturas. De ese número, 166 están en estado crítico, sin personal suficiente, con sobrecarga procesal y riesgos por el crimen organizado. 69 dependencias están en alerta, pues mantienen retrasos alarmantes en procesos e infraestructura tecnológica obsoleta. Mientras que 94 tienen un funcionamiento aceptable, pero también presentan vulnerabilidad y 108 están con bajo riesgo bajo y todavía no cumplen las condiciones óptimas.

El parque automotor refleja un nivel avanzado de obsolescencia. Con un promedio de 11 años de antigüedad y altos niveles de kilometraje. El costo de mantenimiento ha ido en aumento, superando los USD 670.000, en 2024.

En el ámbito tecnológico, si bien el CJ ha desarrollado varios sistemas informáticos claves hasta 2024, persiste una obsolescencia crítica de la infraestructura, lo cual afecta la eficiencia institucional.

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) requiere una reingeniería que modernice su arquitectura y garantice la operativa y ciberseguridad, indicó la Judicatura.

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