Organizaciones de la Sociedad Civil cuestionan el proyecto de Ley de Fundaciones que regula su financiamiento
El cuarto proyecto de ley, que el gobierno ya entregó a la Asamblea Nacional, busca controlar que el dinero que ingresa al país, mediante fundaciones y onegés, no sea ilícito. Al menos esa es la justificación del ejecutivo.
La norma se llama control de flujos irregulares de capitales y genera cuestionamientos de los directivos de organizaciones de la sociedad civil. Gustavo Redín, vicepresidente de la Organización Defensa de la
Naturaleza, dijo:
“Evidentemente, es político, porque todas las obligaciones que se están presentando en esta ley ya existen para darle un ejemplo en Cedenma por ejemplo presentamos todos los años a lo que era el Ministerio de Ambiente, nuestras auditorias, les presentamos nuestros planes de trabajo, le presentamos el detalle de cuáles son nuestros donantes, a donde van los recursos”.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo que defiende los principios democráticos, hace observaciones a la subjetividad del texto, específicamente cuando la norma establece que entre las causales para disolver una organización están las actividades que atente contra el orden público o la seguridad del Estado.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación, Ciudadanía y Desarrollo, dijo:
“Sin duda puede sonar bien, pero que es incompatible con los estándares internacionales por su alta subjetividad y discrecionalidad al momento de aplicación; por ahí se han colado un par de términos que nos traen a la memoria el decreto 16 de la época del correísmo y como este se activó para afectar a fundación Pachamama y a la Unidad Nacional de Educadores”.
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La fundación del Fondo Mundial para la naturaleza por sus siglas en inglés WWF, sostiene que esa ley no es necesaria porque el estado cuenta con la capacidad suficiente para detectar financiamientos ilícitos con la ayuda de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a quienes mensualmente le presentan un reporte sobre sus movimientos, lo mismo hacen con el SRI.
“Lo que deberían haber hecho es identificar cuáles son las organizaciones que tienen vínculos con grupos de delincuencia organizada o temas ilegales, o simplemente intervenir sobre ellos, no veo necesario una ley urgente, es simplemente una investigación e intervención inmediata. Nosotros estamos regulados permanentemente por varias instancias gubernamentales para nuestra operación en el país”.
Según la normativa, la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria hará auditorías y supervisará a todas las 71 789 agrupaciones sin fines de lucro que hay en el país.
“El riesgo que ven algunas organizaciones de que esto se pueda convertir en una herramienta para molestar, perseguir a quienes no están alineados con las políticas del gobierno, pero me preocupa que son espacios de la sociedad civil que se van cortando, que se van censurando con el fin de evitar que la sociedad civil tenga voces”.
La disposición general del proyecto de ley señala que ninguna medida de control será utilizada como mecanismo de persecución política, pero esto no da confianza a las organizaciones consultadas.