El proyecto de Ley de Transparencia Social recibe observaciones de relatora especial de la ONU
El proyecto de Ley de Transparencia Social, conocido como Ley de Fundaciones, pasó el primer debate la tarde de este martes 19 de agosto en la Asamblea Nacional.
El bloque legislativo de ADN defendió las bondades de la propuesta del presidente Daniel Noboa, quien envió el texto al Parlamento con el carácter de económico urgente.
Valentina Centeno (ADN), por ejemplo, dijo que las economías criminales mueven USD 30 000 millones al año en Ecuador infiltrándose en organizaciones sociales. Por eso, la propuesta de normativa busca identificar flujos irregulares, proteger a organizaciones legítimas y aplicar proporcionalidad según riesgo y tamaño.
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Pero también hubo observaciones y una de ellas vino desde Gina Romero, Relatora Especial de ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
"El proyecto de ley propuesto podría restringir de manera indebida los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación y a la participación...", recoge un comunicado suscrito por Romero.
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Asimismo, durante el debate en el Pleno, Franklin Samaniego (RC) señaló que la Ley de Transparencia Social podría convertirse en un instrumento de presión política, afectando a organizaciones críticas u opositoras.
El documento regresó a la Comisión de Desarrollo Económico, donde ADN tiene mayoría, para la elaboración del informe para segundo debate.