La Ley de Integridad Pública recibe las primeras demandas de inconstitucionalidad
La Ley de Integridad Pública, de iniciativa gubernamental, recibió este lunes 30 de junio dos demandas de inconstitucionalidad.
La primera fue presentada por Ricardo Luna y Stalin Rivera. La segunda fue planteada por Andrés Quishpe, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Según Quishpe, la normativa modifica más de 20 cuerpos jurídicos que violentan la jubilación de los servidores públicos, criminaliza a niños, niñas y adolescentes y "favorece a grandes empresarios con perdones tributarios".
La UNE pidió que se suspenda la aplicación de los artículos que vulneran los derechos y convocó a una movilización para el próximo 11 de julio ante la Corte Constitucional para que centre su debate en la demanda presentada.
Asimismo, las federaciones y asociaciones de médicos y enfermería expresaron su "más profunda indignación y rechazo categórico a las reformas introducidas" en dicho cuerpo normativo.
La Ley de Integridad Pública fue propuesta por el presidente Daniel Noboa para hacer cambios en el sector público, pero fue modificándose en la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se incluyeron, entre otros temas, sanciones severas contra menores de edad que cometan crímenes o reformas en la función judicial. Dicha normativa entró en vigencia el 26 de junio con la publicación en el Registro Oficial.