Un informe legislativo regional calificó a la Asamblea Nacional como poco transparente

De acuerdo al Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, la Asamblea Nacional tiene un puntaje de 42,51 %, ubicándose en el octavo lugar de 14 parlamentos calificados.
Imagen de la fachada de la Asamblea Nacional, tomada en febrero del 2019()
25 dic 2023 , 19:58
Redacción

La Asamblea Nacional de Ecuador está en el octavo lugar en materia de transparencia de 14 países evaluados, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023.

Con una calificación de 42,51 %, apenas supera a la media regional de 42,18 %. Entre las falencias del Parlamento ecuatoriano está la falta de regulación de cabildeo o lobby dentro del ámbito legislativo.

El informe local, elaborado por el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo, señala que en Chile se aprobó la Ley de Lobby, que establece un sistema de registro obligatorio para lobistas y grupos de interés que buscan influir en el proceso legislativo.

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Dicha ley también establece reglas sobre la divulgación de información y la prohibición de ciertas prácticas. Además, el reporte indica que es necesario tcontar con regulación en lo que hace a la declaración y transparencia de intereses de los y las asambleístas, funcionarios y funcionarias, cónyuges y sus familiares directos.

Asimismo, describe la importancia de que exista un registro de los obsequios que reciban los y las asambleístas. Estos regalos pueden incluir viajes, comidas, boletos para eventos, alojamiento u otros beneficios materiales.

Se trata de un mecanismo utilizado para garantizar la ética y la integridad en el trabajo legislativo y para prevenir posibles conflictos de interés.

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Con respecto al presupuesto y a la gestión administrativa, se advierte de una brecha importante en la información proporcionada sobre la contratación del equipo de asesores y personal por parte de las y los asambleístas.

Aunque se publica el listado de las y los asesores y sus sueldos, no se proporcionan antecedentes profesionales que indiquen sus cualificaciones. Tampoco se informa a qué despacho legislativo corresponde cada asesor.

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