Ecuador no tiene política de Estado ni estrategia para frenar la minería ilegal, que ya es cuatro veces más rentable que el narcotráfico

Más allá de los anuncios del Gobierno sobre un supuesto vínculo entre la minería ilegal y el paro de 26 días en Imbabura, tres expertos en seguridad, consultados en POLÍTICAMENTE CORRECTO, advierten que la narrativa del régimen aún carece de sustento probatorio y que es urgente construir una política pública sólida que impida la expansión de la minería ilegal a más regiones del país.

El general en servicio pasivo y exministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que la minería ilegal sí ha contribuido en cierta medida a la desestabilización del país durante el último mes. Sin embargo, sostiene que antes de hacer afirmaciones directas, el Gobierno debería realizar una investigación a fondo

“¿Por qué muchos grupos sociales de izquierda, presentes en el paro, defienden con tanta fuerza la minería informal? Ese, por ejemplo, debería ser un primer punto de investigación”, dijo Carrillo.

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Para el exministro, el gran problema que ha permitido que la minería ilegal se expanda más de un 400 % en los últimos ocho años, en al menos 16 provincias, es que ningún gobierno ha impulsado políticas de Estado a largo plazo en materia de seguridad. En ese sentido, considera que una posible Asamblea Constituyente podría servir para atacar los tentáculos económicos de las organizaciones criminales.

“Una Constituyente podría ser la oportunidad para fortalecer mecanismos de extinción de dominio o extradición. Ya existen, pero las normas son complejas y por eso no se actúa debidamente. Aunque capturemos a decenas de mineros ilegales, todo queda en la impunidad”, dijo.

Como representante de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, Renato Rivera también explicó que no existen pruebas suficientes de que la minería ilegal haya financiado el paro en Imbabura, como asegura el Gobierno. “Si esa fuera realmente la fuente de financiamiento, también habría protestas en provincias mineras como Orellana o Azuay”, señaló.

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Pese a esa visión, a Rivera sí le preocupa el rápido crecimiento de la minería ilegal y la poca o nula acción de la justicia para detenerla. “Entre 2015 y 2022 no hubo ni una sola sentencia por lavado de activos vinculado a esta actividad. Y desde 2024, la Fiscalía no ha presentado ningún caso nuevo de minería ilegal”, aseguró.

Por su parte, la experta en seguridad y catedrática universitaria Lorena Piedra coincidió en que el Gobierno debe ser más paciente antes de señalar a la minería ilegal como responsable de hechos violentos en Imbabura o de los atentados con coches bomba en Guayaquil.

“Si esa es su línea de información, deben investigarla con pruebas. De lo contrario, sería un error grave que el presidente Noboa se abra otro frente de conflicto”, advirtió.

Piedra sostuvo que, frente al crecimiento de la minería ilegal, el Estado debe responder con estrategias de prevención y control y no solo con operativos militares. “Ecuador cuenta con antinarcóticos, pero aún no tiene una policía antiminería”, enfatizó.

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La minería ilegal se hizo cuatro veces más rentable que el narcotráfico

Un kilo de oro se vende en el mercado internacional por unos USD 131 mil, mientras que un kilo de cocaína cuesta alrededor de USD 29 mil. La razón es el aumento del precio del oro, que pasó de USD 1 400 por onza en 2019 a más de USD 4 100 en la actualidad.

Rivera añadió que el mayor problema de esta actividad ilícita es que el oro extraído puede mezclarse fácilmente con el comercio formal y exportarse sin control al exterior. “Emiratos Árabes, China e India son los principales compradores del oro ecuatoriano”, concluyó.

Piedra y Carrillo coinciden en que hoy la minería ilegal ya se consolidó como uno de los negocios ilícitos más rentables del país.

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