Jueces constitucionales ponen en duda el carácter económico de la Ley de Solidaridad
La Corte Constitucional (CC) concluyó la tarde de este lunes 25 de agosto la audiencia en la que se analizaron cinco demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad, tramitada por la Asamblea Nacional como económica urgente por iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa.
La diligencia empezó a las 10:45 y se prolongó hasta pasadas las 18:30, con la participación de los demandantes, representantes de la Presidencia y del Parlamento.
Uno de los puntos más controvertidos de la norma es la definición de conflicto armado interno, considerada su eje central. Los colectivos que cuestionan la ley sostienen que ese régimen especial no garantiza resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado y, en cambio, podría abrir la puerta a abusos contra la población civil y a un ejercicio autoritario del poder.
Durante su intervención, Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), recordó que en el país se han reportado más de 31 casos de desaparición forzada entre enero y diciembre de 2024. "No me refiero al caso de los cuatro niños de Las Malvinas, me refiero a las decenas de desapariciones que siguen sin respuesta", expresó.
Por su parte, Geovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, quien también funge como demandante, cuestionó que bajo este régimen el presidente adquiera funciones propias de "juez, fiscal y verdugo".
Del lado del Gobierno, Stalin Andido, secretario jurídico de la Presidencia, aseguró que "es muy fácil decir que se están violando los derechos humanos cuando no se reconoce que los delincuentes de los grupos armados organizados los vulneran todos los días".
Mientras tanto, Mercedes Mediavilla, representante de la Asamblea, insistió en que el derecho internacional humanitario "tiene como fin último la protección de los civiles y de las personas".
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Los magistrados, sin embargo, plantearon cuestionamientos tanto a la Presidencia como a la Asamblea. Insistieron en que ambas instancias expliquen por qué una norma vinculada al conflicto armado interno lleva el nombre de Ley de Solidaridad, y qué carácter económico tiene la inclusión de artículos como el indulto anticipado para policías y militares. Sobre ese punto, Felipe Pérez, delegado de la Presidencia, respondió que "el componente económico es transversal en la norma, determinado por los fines que esta persigue y desde las varias aristas con las que busca enfrentar la realidad del país".
Con los argumentos expuestos por ambas partes, corresponderá ahora al juez ponente, Alí Lozada, elaborar el proyecto de sentencia que será sometido a votación en el pleno de la Corte Constitucional en los próximos días.