La comisión de desarrollo económico de la Asamblea Nacional, inició el trámite del cuarto proyecto de ley de transparencia social
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Julio José Neira y los representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria fueron los primeros funcionarios que comparecieron a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea que inició el trámite de la ley de transparencia social.
Así rebautizó la Comisión a la cuarta ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, que busca controlar el financiamiento y el uso de fondos de las organizaciones sociales.
Los miembros de la Comisión trataron de indagar qué tan eficiente puede ser la ley para controlar los casos de lavado de activos. Neira no dio datos ni mencionó casos, se limitó a resumir lo que, a su criterio, son las bondades de la ley.
Dijo que permitirá un mejor control de los fondos de fundaciones y otras organizaciones, que permitirá conocer el origen de su financiamiento y ayudará a coordinar entre las instituciones encargadas de la lucha contra el lavado de activos.
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Entre los asambleístas del correísmo la preocupación es que se pueda usar la ley para anular a organizaciones. Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, hablo sobre el tema:
“No es solo una reforma técnica, lo que se está planteando, es un intento de poner control político sobre las organizaciones sociales, criminalizar la participación ciudadana y darle al gobierno herramientas para perseguir”.
Pero según Neira, no hay ese riesgo.
“La actividad sospechosa o inusual ocurre con números, no pueden ser interpretados si su ideología es derecha, de izquierda o de centro, es lo mismo por donde usted lo quiera ver”.
Si bien la ley busca un control eficiente de las organizaciones, su aplicación será un problema para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ya controla a 400 entidades financieras y 17 mil organizaciones de la economía popular.
Freddy Monge, Intendente general técnico SEPS, dijo:
“Con estas nuevas competencias que establece el proyecto de ley, sumarían cerca de 60 mil fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y más de 1000 cajas de ahorro, que también estamos trabajando en un proceso de depuración”.
La UAFE y la Superintendencia coincidieron en que uno de los problemas para el control del lavado de activos es que cuando se inicia un proceso y se llega a una sanción, ya no hay dinero que recuperar porque ya ha pasado a terceras personas.
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Por eso, la ley propone medidas cautelares como el congelamiento de fondos, para evitar esos casos.