Así funcionaría el acuerdo de tercer país seguro que EE. UU. negocia con Ecuador
EE.UU. y Ecuador avanzan en un acuerdo de tercer país seguro, para que solicitantes de asilo en la nación norteamericana puedan ser trasladados a territorio ecuatoriano y aguardar ahí hasta que los tribunales resuelvan sus peticiones.
Tras una reunión del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, con el presidente Daniel Noboa y otras autoridades estatales, la canciller Gabriela Sommerfeld resaltó en rueda de prensa que la política migratoria es un tema importante para el Gobierno de Donald Trump y, por ende, para el ecuatoriano.
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Adelantó que el país apoyará a EE. UU. y aclaró que los migrantes llegarán de forma coordinada, "protegiendo los intereses del Estado ecuatoriano" y con un derecho a veto para personas cuyo ingreso "no sea conveniente".
Frenar el abuso del sistema de asilo en EE. UU.
Tras el encuentro de Rubio en Ecuador, un alto funcionario del Departamento de Estado explicó a EFE que este pacto busca, entre otras cosas, "frenar los abusos de nuestro sistema de asilo y esparcir la carga a otros países".
Antes de esa visita, la propia Sommerfeld ya dijo que Washington había solicitado un convenio de este tipo (también llamado acuerdo de asilo cooperativo) por el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.
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Pero no se trata de un acuerdo como el que Washington mantiene con el Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, pensado para que el país centroamericano reciba presos desde EE.UU. El funcionario estadounidense indicó que este potencial acuerdo de tercer país seguro está siendo actualmente revisado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Sommerfeld, por su parte, habló de que el marco sería "limitado" y que respondería solamente a "personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia" y que estén en buen estado de salud.
El Gobierno de Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países. Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.