En 60 días, la Asamblea ha aprobado nueve leyes entre críticas y oposiciones al Gobierno

En dos meses de gestión, la Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen, ha debatido 21 proyectos y aprobó ya la novena ley. Aunque todas han recibido cuestionamientos, cinco leyes aprobadas han abierto frentes claros de oposición con una docena de sectores ciudadanos, políticos y del exterior que se oponen a las leyes clave del Ejecutivo.

Por ejemplo, colectivos sociales y defensores de derechos humanos han expresado su rechazo porque la Ley de Solidaridad abre un amplio margen de impunidad en el actuar de la fuerza pública, beneficiándose con indultos diferidos.

A su vez, organismos internacionales como Human Rights Watch y Unicef han alertado que en la Ley de Integridad se incluyeran penas más severas para niños y adolescentes, inobservando el marco de protección de sus derechos. En ese mismo cuerpo legal, los trabajadores públicos, entre ellos médicos y educadores, advierten el peligro de regresiones laborales.

Mientras periodistas, líderes políticos, abogados y Human Rights Watch han mostrado preocupación porque la Ley de Inteligencia abra un sistema de persecución y espionaje discrecional.

Los colectivos feministas, así como partidos y movimientos minoritarios, rechazan las reformas al Código de la Democracia sobre paridad de género, señalando que es una regresión política para las mujeres. Por ello, el presidente Daniel Noboa decidió vetar este cambio. También están las críticas por el cambio en el método de asignación de escaños, que favorece a grandes partidos.

De igual forma, grupos ambientalistas y animalistas están descontentos por la Ley de Áreas Protegidas, pues dicen que pondrá en riesgo la fauna del país. En tanto que Pachakutik y los sectores indígenas insisten en que se privatizarán los recursos y las zonas naturales.

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Asambleístas hacen un balance del trabajo de la Asamblea

En respuesta a esta docena de inconformidades, la asambleísta oficialista Nataly Morillo defendió, en el programa dominical POLÍTICAMENTE CORRECTO, las leyes impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que cuentan con el total respaldo ciudadano debido a su objetivo de debilitar a los grupos de crimen organizado.

En ese sentido, Morillo añadió que el Gobierno está confiado en que la Corte Constitucional no declarará la inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad e Integridad. “Ojalá los jueces tomen en cuenta el momento y las necesidades de seguridad del país”, dijo.

Del otro lado, la asambleísta por Revolución Ciudadana Jahiren Noriega respaldó la idea de que la Corte revise a fondo las posibles inconsistencias de estas leyes urgentes, sobre todo la falta de unidad de materia o las vulneraciones de derechos fundamentales.

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Noriega también criticó la forma en que fueron elaboradas y aprobadas en la Asamblea con mayoría del oficialismo. “Fueron hechas y aprobadas al apuro y las muchas reformas parche a las leyes de Solidaridad e Integridad lo demuestran”, afirmó.

En ese contexto, la asambleísta del correísmo recordó que ya hay manifestaciones ciudadanas por la Ley de Integridad Pública y cuestionamientos a la Ley de Solidaridad. Como ejemplo, denunció que la Fuerza Aérea habría intentado usar esa ley para sacar de prisión a los militares implicados en el caso de los cuatro niños asesinados de Las Malvinas. Por su parte, el Gobierno ha prometido no intervenir en la decisión Corte Constitucional.

¿El bloqueo político continúa en la nueva Asamblea?

La oficialista Nataly Morillo sostiene que, a diferencia de la anterior legislatura, donde sí existía un fuerte bloqueo “y odio” político, la nueva Asamblea, con apenas dos meses en funciones, ha logrado consolidar una agenda de gobernabilidad que ha permitido la aprobación de tres leyes urgentes en tiempo récord.

Sin embargo, la asambleísta Jahiren Noriega denuncia que el oficialismo ha intentado censurar al correísmo desde la primera sesión del Pleno, el 14 de mayo de 2025. Incluso, afirma que han llegado a apagar los micrófonos de varios legisladores. “Por ejemplo, Blasco Luna quiso hablar y a Diana Jácome pidió que le apaguen el micrófono durante una sesión de comisión”, dijo.

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