Lasso no cree en ley de alianzas público-privadas; Nebot la apoya, pero con reparos

ECUADOR.- El proyecto de ley de incentivos entrará a debate en la Asamblea, este 15 de octubre. Foto: Archivo
14 oct 2015 , 02:00
Redacción

El proyecto de ley de incentivos entrará a debate en la Asamblea, este 15 de octubre.

 

 

El proyecto de  continúa dividiendo opiniones entre sus proponentes y figuras de la oposición. Mientras el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reconoce en ella una oportunidad de inversión, para el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, no es suficiente una ley para atraer capitales frescos al país.

 

El proyecto de ley, que está listo para su primer debate, tiene el respaldo del alcalde Nebot, aunque existen reparos. “No porque se trata de Correa voy a decir que eso está mal, eso está bien, lo que he hecho son ciertos comentarios, primero: por qué limitar esos beneficios de la inversión a quien se alía con el Gobierno”.

 

También sostuvo que esta ley debe ser acompañada por un cambio de actitud por parte del Gobierno. “Hay que ser coherente, hay que crear confianza, sin contradicciones, sino puede haber la ley más bonita, no va a funcionar porque la gente no cree en el tema”.

 

 

 

 

En tanto, Lasso cree que el proyecto es restrictivo y que no constribuirá en mayor medida. “Hoy con paños tibios plantean una ley de alianza público-privada, cuando la mejor alianza es la actitud de un Gobierno que respete al sector privado”.

 

“Con una ley no se va a superar esta ideología del 'tirijismo' de un Estado cuyo modelo ha fracasado”, agrega el representante de CREO.

 

La Comisión de desarrollo productivo emitió su primer informe, el cual no recoge ninguna de las recomendaciones que realizó el sector privado. El asambleísta Juan Carlos Cassinelli explicó por qué. “En este informe hay temas de forma, de puntualizaciones, etc. El segundo informe tendrá cambios seguramente más sustanciales”.

 

 

 

 

Este 15 de octubre, el proyecto irá al pleno legislativo para su debate con el carácter de económico urgente, es decir debe ser tramitado en un máximo de 30 días.