27 familias de Mucho Lote, norte de Guayaquil, denuncian estafa inmobiliaria

Decenas de familias en Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil, viven una pesadilla: pese a haber pagado de contado sus viviendas, ahora enfrentan órdenes de embargo y la amenaza de perder lo que consideran el patrimonio de toda su vida.

Una jueza de la Unidad Judicial Civil dispuso el embargo de 27 casas en la urbanización Victoria Club, porque el dinero entregado a la constructora Daldry S. A. nunca fue cancelado al banco acreedor. Además, los propietarios nunca recibieron las escrituras de sus inmuebles.

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Elvira Solís, quien se mudó con su familia en 2016 tras vender una finca por USD 50 000, asegura sentirse estafada. "Decidí vender unas tierras y ahora me entero que esta casa ya no es mía", relata. Una situación similar enfrenta Linda Macías, que compró su vivienda en 2015 con los ahorros de la jubilación de su madre. "Nos quieren quitar una casa que la pagamos de contado. La deuda es de los dueños de la compañía de Daldry, a ellos deben cobrarles, no a nosotros", reclamó.

La indignación llevó a los afectados a bloquear un tramo de la avenida Narcisa de Jesús, exigiendo respuestas. Algunos, como Ángel Landy, recuerdan que entregaron sus jubilaciones completas para adquirir la casa. "Pusimos toda la confianza en este proyecto avalado por el Municipio y ahora nos dejan solos", señaló.

La constructora Daldry, responsable del plan habitacional, reconoció la deuda y afirmó que ya presentó dos propuestas al banco para liberar las hipotecas, pero estas fueron rechazadas. Además, acusó al Municipio de Guayaquil de venderles terrenos mediante subasta pública que no le pertenecían. En la Superintendencia de Compañías constan como accionistas de Daldry Gastón Euclides Villamar Andrade y Héctor Antonio Patiño Gómez.

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El Cabildo, por su parte, respondió que la empresa no cumplió con la entrega de los códigos catastrales y aclaró que la deuda corresponde exclusivamente a Daldry, deslindando cualquier responsabilidad. Aseguró, no obstante, que colaborará con la información necesaria en caso de que se presente una denuncia formal.

Mientras tanto, las familias temen perder las viviendas que les costaron años de sacrificio y aseguran que no dejarán de reclamar hasta que la justicia los atienda.