Comuneros de Loja permiten el paso vehicular por la carretera E-35 solo seis horas al día
En el marco de las protestas contra el Gobierno Nacional, comuneros de tres sectores del cantón Saraguro, en la provincia de Loja, mantienen obstaculizada la vía E-35 que conecta la ciudades de Loja y Cuenca. En los sectores San Vicente y Sinincapac, la carretera está cerrada, mientras que en San Lucas, los habitantes permiten el paso vehicular solo seis horas al día, en tres franjas horarias: de 06:00 a 08:00, de 13:00 a 15:00 y de 22:00 a 00:00.
Esta vía ha permanecido cerrada por varios días. El viernes 17 de octubre, la gobernadora de Loja, Alexandra Jara, sostuvo un diálogo con dirigentes de tres comunidades de Saraguro, con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan la reapertura total de la carretera.
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Durante la reunión, los representantes comunitarios exigieron la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, así como atención urgente del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, ante el deterioro de la carretera.
Se otorgó un plazo de 48 horas para atender los pedidos, con la posibilidad de una apertura temporal de la vía bajo horarios definidos por los comuneros y con el retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del sector. Aunque los uniformados se retiraron, los acuerdos no se concretaron.
Tras una nueva asamblea realizada la tarde del sábado 18 de octubre, los comuneros resolvieron mantener cerrada la vía en los sectores de San Vicente y Sinincapac como medida de resistencia, esperando que el Ejecutivo derogue el decreto 126, con el que eliminó el subsidio del diésel.
En San Lucas, en cambio, se ratificaron los horarios de apertura, pero la circulación sigue limitada y la población empieza a sentir los efectos de la interrupción, como la escasez de combustible.
Día 28 del paro
Los bloqueos por las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se mantienen este domingo en al menos cuatro provincias del país: Carchi, Imbabura, Loja y Pichincha.
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
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Asimismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como "política".