Los contratos con Progen se gestionaron cuatro meses antes de la emergencia eléctrica de 2024

Cuatro meses antes de que se declaró la emergencia por la crisis eléctrica en el país, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ya gestionaba contratos con la empresa estadounidense Progen para instalar dos termoeléctricas en Guayas y Los Ríos. Esos acuerdos, firmados finalmente en agosto de 2024, hoy son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades.

La Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe de 219 páginas con indicios de responsabilidad penal. En el documento se detalla que los contratos para las centrales Salitral (en Guayaquil) y Quevedo, con capacidad de 150 megavatios, no contaron con suficiente respaldo técnico ni legal. La auditoría cuestiona, entre otras cosas, la falta de estudios de mercado, la informalidad en la selección del proveedor y la ausencia de trazabilidad documental.

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La FGE abrió una investigación previa tras la publicación del informe. Los contratos fueron suscritos cuando Roberto Luque estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas, y según la CGE, él participó en la negociación. Mediante su cuenta en la red social X, Luque ofreció colaborar con la investigación y entregar su versión de los hechos.

Uno de los hallazgos más graves es que los procesos se iniciaron incluso antes de que se habilitara legalmente la contratación directa por emergencia. Seis días antes de la declaratoria, una funcionaria de planificación de Celec ya había enviado un listado informal de 13 posibles proveedores, entre ellos Progen, mediante mensajes de WhatsApp. Los chats fueron desmaterializados y notariados, pero no existió autorización para iniciar el proceso en esa etapa.

Además, las propuestas se canalizaron mediante un correo electrónico temporal que funcionó únicamente durante 90 días. Esa información ya no está disponible y no pudo ser verificada por los auditores. Este manejo irregular también impidió evaluar aspectos clave del proveedor como su situación patrimonial, capacidad económica o la existencia real de los equipos ofrecidos.

La Contraloría concluye que el gerente general subrogante de Celec, Fabián Calero, autorizó los contratos con Progen sin estudios de mercado ni documentación que acredite la disponibilidad de los fondos: se asignaron USD 97 millones para Salitral y USD 49 millones para Quevedo. Tampoco hubo firmas responsables en las evaluaciones técnicas de las propuestas.

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Se añade que el subgerente jurídico de la unidad Termopichincha no cumplió con su rol asesor en las fases contractuales. Esto generó retrasos de al menos 33 días en la ejecución de los contratos y permitió omisiones legales como la ausencia de requisitos técnicos y financieros para el proveedor.

Finalmente, la Contraloría detectó que los costos notariales del proceso fueron facturados a nombre de la empresa Astrobryxa S.A., sin vínculo contractual con Celec, cuando correspondía que esos pagos fueran asumidos por Progen. Esto añade un componente adicional de opacidad al proceso.