Napo registra 1 700 hectáreas deforestadas por la minería desde 2017
Más de 1 700 hectáreas fueron deforestadas desde 2017 en la provincia de Napo por el avance de las actividades mineras, con una creciente presencia de mineros ilegales, según determinó un informe oficial publicado el 21 de julio.
El reporte difundido por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, en inglés), que se encarga de vigilar el estado de la cuenca amazónica a través de imágenes satelitales, incidió en el incremento de la deforestación por minería incluso en zonas cercanas a zonas urbanas y dentro de áreas de protección hídrica.
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La investigación, que comprende el periodo 2017–2024, se enfoca en el estudio de cuatro cuencas prioritarias: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno. Por ejemplo, en el caso del río Jatunyacu se contabilizaron 502 hectáreas perdidas a causa de la minería, muchas de ellas en cercanías de la ciudad de Tena y fuera del registro oficial minero.
De forma similar, se registraron 635 hectáreas afectadas en el río Anzu, con un 15 % fuera del catastro.
En el río Huambuno la superficie deforestada por minería alcanzó las 492 hectáreas, de las cuales el 23 % carece de permisos. También contabilizaron 112 hectáreas en el sistema Puní–Cotona–Arajuno, donde el 99 % de las actividades detectadas no posee autorización legal.
Crecimiento acelerado de la minería
El reporte del MAAP, elaborado como parte de una colaboración estratégica entre Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, señaló que este último caso es particularmente alarmante debido al crecimiento acelerado de la minería en una zona que antes no presentaba intervención.
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A raíz de estas prácticas, el informe advierte sobre la pérdida de vegetación ribereña, la apertura de caminos ilegales, la contaminación de fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio, y el aumento de tensiones sociales con comunidades indígenas y locales, entre otros efectos.
"La cercanía de estas operaciones a nacientes clave compromete seriamente la integridad de los ecosistemas y la salud de la población, socavando opciones sostenibles como el turismo ecológico y la producción agrícola comunitaria", indicó también el informe.
Mitigación de daños
Con el fin de mitigar estos daños ambientales, los autores proponen varias acciones dirigidas a las políticas públicas, entre las que se incluyen el refuerzo del monitoreo ecológico, la aplicación estricta de sanciones judiciales y administrativas a quienes impulsen o toleren la minería no autorizada.
También se plantea establecer franjas de exclusión minera de 100 metros alrededor de cuerpos de agua, incorporar zonas de resguardo hídrico y corredores ecológicos en los planes territoriales de los gobiernos locales, y reformar la normativa ambiental para reducir a 1 kilómetro el umbral para exigir estudios de impacto ambiental en la construcción de nuevas vías dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
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Finalmente, el documento realiza un llamado urgente a crear categorías de protección hídrica obligatorias para ríos con alto valor ambiental y cultural, así como desarrollar planes de gestión participativos que aseguren los derechos de las comunidades a decidir sobre su entorno.