La minería ilegal se expande en Napo con presencia de disidencias y crimen organizado

Napo vive una escalada sin precedentes de minería ilegal. Organizaciones ecologistas denuncian que el Estado ha perdido el control territorial y que grupos armados operan cada vez más cerca —e incluso dentro— de áreas protegidas.

Uno de los casos más graves es el del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, donde disidencias de las FARC estarían extrayendo oro de manera ilegal, según reportes del portal especializado Mongabay.

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En Napo operan tanto concesiones legales entregadas por el Estado a empresas nacionales y extranjeras, como frentes ilegales que trabajan al margen de la ley. Sin embargo, los límites entre ambos se han difuminado. Hay empresas que operan en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola sin permisos ambientales, en complicidad con grupos armados, aseguran colectivos ciudadanos.

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCM) ha identificado oficialmente 12 zonas de actividad minera ilegal en Napo, que constan en el Plan de Desarrollo 2020–2030. Estos puntos incluyen zonas como Río Poroto, Río Jatunyacu, Dorado de Huambuno, Yutzupino, Lla Bajo, Nueva Esperanza, Chucapi, Río Yuracyacu, Río Chumbiyacu, Flor del Bosque, Shiguacocha, Río Sardinas y Pioculín.

A pesar de esta información, no existe una cifra oficial sobre cuántas hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal en la provincia.

Colectivos ambientales estiman que el impacto supera las 700 hectáreas, aunque advierten que existe un subregistro significativo. José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida, asegura que hay entre 63 y 65 frentes mineros activos, con unas 300 excavadoras en operación. Estas máquinas reemplazaron a otras 146 que fueron decomisadas hace tres años y almacenadas en el recinto ferial de Tena, sin que se haya determinado la propiedad de dichos equipos.

La violencia también se ha intensificado en estos territorios. Según habitantes de la provincia, al menos 16 organizaciones criminales se disputan las zonas auríferas. Entre ellas figuran Los Lobos y los Comandos de la Frontera, quienes además controlan el tráfico de combustible para las excavadoras que operan en los ríos y selvas de Napo.

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Las consecuencias de esta minería descontrolada son económicas, ambientales y humanas. Un estudio realizado hace tres años por la Universidad Ikiam en 11 ríos y esteros de Napo reveló que el 73 % de los cuerpos de agua están contaminados. Estas fuentes abastecen directamente a las comunidades.

Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito también han advertido sobre los riesgos tóxicos a los que están expuestas las poblaciones locales por el consumo de agua contaminada con metales pesados.