Furukawa, la empresa sentenciada por esclavitud moderna en Ecuador, denuncia invasión ilegal de tierras

Furukawa, la empresa de capitales japoneses sentenciada por esclavitud moderna por la Corte Constitucional (CC), en 2024, denunció que un centenar de personas invadió el pasado sábado de forma violenta una de sus haciendas, de 300 hectáreas, en la provincia costera de Esmeraldas.

Según el comunicado de la entidad que publicó en su cuenta de X, la ocupación denunciada por la compañía se realizó con el argumento de estar cumpliendo la sentencia de la CC, una actuación que rechazan a pesar de reconocer que el pago de la inmediación que les corresponde todavía no se ha emitido.

"La invasión de tierras no constituye un mecanismo legal ni legítimo para exigir su cumplimiento, ya que en ningún apartado de la decisión se contempla la ocupación violenta de predios ni la apropiación de activos productivos como forma de reparación", se defendieron en el escrito.

Destacaron que otras 294 hectáreas permanecen invadidas desde 2019 en propiedades de Furukawa, dedicada al cultivo de abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil.

La sentencia consideró que Furukawa fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.

Este consistía en "aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición".

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El plan de pagos

En junio de 2025, y después de la emisión de la sentencia que contemplaba indemnizaciones por más de 41 millones de dólares, Furukawa presentó un plan de pagos que fue rechazado por los denunciantes al indicar que proponía, según ellos, plazos de hasta 98 años.

La compañía argumentó que el pago que exige la Justicia es imposible de abonar de inmediato y, para ello, ha solicitado a la CC que le levante la prohibición de enajenar bienes para así vender parte de sus haciendas.

La entidad aprovechó esta supuesta invasión para solicitar a la Corte Constitucional no solo la denuncia de este hecho, sino que también acepte su propuesta y "asuma su responsabilidad frente a las consecuencias directas de su decisión y la grave situación que se ha generado".

Además, la empresa advirtió que el incidente "no solamente afecta a la empresa, sino a todos los beneficiarios de la sentencia, ya que, si los activos de la empresa son invadidos violentamente, no existirán bienes con los cuales se pueda hacer efectiva una eventual reparación económica".

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