1.550 viviendas improvisadas son destruidas en parroquia Buenos Aires
Más de 1.000 policías trabajan en Mina Vieja y Mina Olivo en minga contra minería ilegal.
Aproximadamente durante siete horas, 1.056 uniformados de la Policía Nacional trabajan en la destrucción de todo artículo utilizado en actividades de minería ilegal, en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura.
A lo largo de la jornada, los gendarmes se concentraron en las minas Vieja y Olivo, donde destruyeron 1.550 cambuches (viviendas improvisadas) que servían de acopio de material utilizado en actividades irregulares. Además, las 400 plantas eléctricas en los tres centros de acopio.
En el sector de la Mina Nueva, durante el #BarridoMinero, la @PoliciaEcuador realizó el trabajo de destrucción y evacuación de 140 cambuches, 19 generadores de luz, 14 taladros, 17 electrodomésticos, 2 motores-poleas, 17 tanques de GLP. #AmanecerRadiante#MineríaResponsable pic.twitter.com/JoFLTFANtw
— Min Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 3, 2019
Esta es la última de tres fases de intervención en la parroquia.
Buenos Aires, con 1.800 campesinos, se transformó con el arribo de inmigrantes desde finales de 2017 para dedicarse kilómetros más adentro a una actividad comparada con la del narcotráfico: la minería ilegal.
Luego de varios hechos violentos, que dejaron algunas víctimas, .
De acuerdo con el balance oficial, durante la primera etapa -que duró seis días-, 5.025 personas, de distintas nacionalidades, "salieron de manera voluntaria". En ese entonces, la Policía Nacional informó que había 33 detenidos.
La fuerza pública intervino las zonas que "eran parte de esta economía criminal": San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico. Además, pudo recuperar el control de Mina Vieja, El Olival, Nueva Mina y El Potrero.
Allí se decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.
En ese momento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que el control a la minería ilegal no termina con la intervención en Buenos Aires, "sino que esta es una amenaza a la seguridad ciudadana, con la que el Estado tendrá que convivir y para la que las instituciones tendrán que prepararse".