El Gobierno de Ecuador analiza subir el sueldo de la mayoría de funcionarios públicos

Esta modificación en la escala salarial representa entre USD 200 y USD 300 millones adicionales al año en el presupuesto y beneficiaría a 400 mil funcionarios.
Imagen de dinero en manos de una persona.()
18 nov 2025 , 21:18
Adriana Bermeo

El Gobierno analiza subir los sueldos a funcionarios públicos. El Ministerio del Trabajo hizo un informe técnico que ya fue entregado al Ministerio de Economía que plantea cuatro posibilidades, tomando en cuenta la inflación y la variación del salario básico unificado desde 2012 hasta 2024. Los incrementos oscilan entre el 1.5 % y 4.4 %.

Por ejemplo, un servidor público de servicios 1, que tiene el sueldo más bajo de la escala salarial podría tener un alza de USD 23,24, y pasar de USD 527 a USD 550; un servidor público 3 de USD 986 a USD 1029; un servidor público 6 de USD 1 412 a USD 1 474 y un servidor público 8 de USD 1 760 a USD 1 838.

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Los funcionarios de los ocho escalafones superiores, que son los que más ganan, no tendrían ningún incremento.

Esta modificación en la escala salarial representa entre USD 200 y USD 300 millones adicionales al año en el presupuesto destinado al pago de sueldos y beneficiaría a 400 mil funcionarios. Para que se ejecute falta la aprobación del Ministerio de Finanzas.

Esta propuesta fue liderada por la saliente ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que recibió a Televistazo a pocas horas de dejar su cargo y volver a sus funciones como jueza.

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Dijo que en su gestión alertó y pidió informes a las ministras de Economía y Energía sobre una remuneración variable de la que se benefician funcionarios de sectores estratégicos, específicamente de Petroecuador.

"Nunca recibí los informes, pero estoy extremadamente segura que allí se ha pagado más de USD 300 millones y siempre lo dije en voz dos alta en el gabinete que hay de dónde ahorrar", comentó.

Núñez cierra su trabajo en esta cartera de Estado con la emisión de tres acuerdos ministeriales con los que amplía un año el plazo para que el sector público y privado implemente protocolos para ejecutar las leyes violeta, de acoso laboral y de igualdad salarial.

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