Más de 70 mil organizaciones sociales serán reguladas por la ley de Fundaciones
Para regular las fundaciones y organizaciones sociales, conocer en dónde están, qué hacen, con qué recursos se financian, el Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de ley que busca controlar los flujos irregulares de capitales.
El ejecutivo sospecha que ciertas organizaciones reciben financiamiento ilícito, quiere detectar su origen para combatir las economías criminales. En el sistema unificado de información de organizaciones sociales del Ministerio de Gobierno, constan: 71 786 organizaciones sociales, de las cuales 61 025 se consideran vigentes:
Y en menor porcentaje en otras secretarías de estado.
Según los considerados de la ley, una de cada 10 organizaciones cuenta con presupuesto superior a USD 100 mil anuales, pero el gobierno, ha identificado movimientos de ciertas onegés de hasta de USD 13 millones.
Han movido USD 300 millones, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El gobierno no ha precisado cuáles están bajo sospecha y el porcentaje de esos 300 millones que son de carácter ilícito. Tampoco se conoce oficialmente la cantidad de dinero que se lava en Ecuador, aunque hay cálculos que oscilan alrededor de USD 3 mil millones por año.
Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que si bien es importante controlar el financiamiento de las fundaciones y onegés, la ley debe ser clara para evitar discrecionalidad en la supervisión estatal.
“Tienen que dar muestras de que esto no es algo que va a afectar la libertad de asociación, el derecho de reunión y sobre todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que en algún momento pueden disentir con el gobierno”.
Según él, los legisladores deben especificar en la ley las causales de disolución de las onegés
“Catalogar de mejor manera, cuáles pueden ser las causales de disolución para que no sean de amplia interpretación y que de como lugar a la persecución”.
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El proyecto de ley del ejecutivo, enviado como económico urgente, aún no ha sido calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura y el tiempo se acorta, pues la Asamblea, según la ley, dispone de 30 días, para el cuerpo legal.