Perú: La Policía dispersa a manifestantes que llegaron al Congreso en marcha de protesta
La Policía Nacional del Perú dispersó este miércoles a los manifestantes que llegaron a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta en Lima, que se repitió en otras ciudades del país contra el gobierno y el Parlamento, después de que intentaron tumbar las rejas de seguridad y encendieron fuego cerca a los agentes policiales.
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Los jóvenes de la denominada Generación Z, junto a otros colectivos sociales, partidos y gremios laborales, llegaron en marcha hacia los exteriores del Parlamento, en el centro histórico de Lima, e intentaron tumbar las rejas de seguridad que había colocado la Policía para impedir el acceso a la sede del Legislativo.
Algunos manifestantes lanzaron botellas y objetos contundentes contra los agentes, y minutos después se encendieron algunos objetos en el frontis del Congreso, lo que generó el despliegue de la Policía para extinguir las llamas y retirar a los movilizados con el uso de gases lacrimógenos.
Cientos de policías congregados en el lugar rodearon a los manifestantes y los retiraron del frontis del Congreso hacia un puente, en dirección al distrito del Rímac, mientras que otro grupo más numeroso quedó detrás del cordón policial en la céntrica avenida Abancay.
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Los enfrentamientos también se produjeron en la sureña ciudad de Arequipa, entre policías y manifestantes, que intentaban ingresar a la plaza principal de esa ciudad, que acoge el X Congreso Internacional de la Lengua Española con la participación del rey de España Felipe VI.
Los manifestantes portaban banderas y carteles en rechazo al Congreso y al mandatario José Jerí, nombrado el viernes pasado como presidente de la República, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, en su calidad de titular del Parlamento.
Sin embargo, el rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.