Kilmar Ábrego recupera su libertad tras meses de detención en EE. UU.
Kilmar Ábrego se reencontró con su familia el viernes 22 de agosto, pocas horas después de salir de un centro de detención en Tennessee. “Es un día muy especial”, declaró el salvadoreño, quien permaneció 160 días sin ver a sus seres queridos, de acuerdo con la organización defensora de migrantes CASA. Aunque un juez ordenó su liberación el 23 de julio en espera de juicio, programado para el 27 de enero de 2026, Ábrego insistió en que “aún no se ha alcanzado la justicia plena”.
El caso de Ábrego García tomó relevancia meses atrás, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al gobierno de Donald Trump a facilitar su regreso tras haber sido enviado el 15 de marzo a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador. Los abogados del Departamento de Justicia reconocieron entonces que la deportación se produjo por un “error administrativo”, pese a que Ábrego tenía estatus legal protegido desde 2019, al determinarse que corría riesgo en su país de origen.
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El futuro de Ábrego
La Casa Blanca reaccionó duramente a su liberación, describiéndolo como “criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres” y presunto miembro de la pandilla MS-13. La subsecretaria de prensa, Abigail Jackson, afirmó en la red X que debería portar un brazalete electrónico “para garantizar la seguridad de los estadounidenses”. Mientras tanto, sus abogados han acusado al gobierno de “procesamiento vengativo y selectivo” y pidieron desestimar los cargos, alegando violaciones a su derecho al debido proceso.
La fiscal general, Pam Bondi, lo señaló como “pieza clave en una red de tráfico de inmigrantes”, acusándolo de trasladar indocumentados desde Centroamérica a Estados Unidos entre 2016 y principios de 2025. No obstante, voces críticas, como la del gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, recalcaron que “toda persona tiene derecho al debido proceso” y pidieron al gobierno de Trump respetar las resoluciones judiciales.
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El futuro de Ábrego sigue incierto. Un fallo federal permite que la administración Trump inicie nuevos procedimientos migratorios en su contra, con la posibilidad de deportarlo a un tercer país, siempre que lo notifique con 72 horas de antelación. Según medios locales, el Departamento de Seguridad Interior ya citó a su equipo legal en Baltimore, donde podría concretarse su expulsión hacia Uganda.