Caso Las Malvinas | Chats revelan que los militares se reunieron por zoom para unificar su versión

La Fiscalía analizó los 16 celulares decomisados en la Base de Taura. Los militares procesados hicieron un chat grupal, donde se organizaron para dar su versión y contratar un abogado.
Los militares fueron procesados por desaparición forzada, tras la aprehensión de cuatro menores en Guayaquil.()
23 nov 2025 , 13:02
Annabell Verdezoto

Tres días después de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 16 militares de la FAE que los aprehendieron tras la supuesta alerta de un robo en el sur de Guayaquil, crearon un grupo de Whatsapp. Allí conversaron sobre lo ocurrido con los cuatro menores de Las Malvinas.

En exclusiva, Ecuavisa.com accedió al expediente fiscal donde se detalla lo que hablaron los uniformados en el grupo Asesoría jurídica militar. Aunque fueron 16 los militares que -según sus versiones- llevaron a los cuatro menores hasta la parroquia Taura en Naranjal, el chat estaba compuesto por 19 personas.

Los primeros archivos enviados a las 23:39 del 11 de diciembre de 2024 fueron dos audios y un video. Luego hubo dos mensajes: "Ya descansen camaradas, Dios nos libre de toda situación". Otro uniformado respondió "así será camarada, Dios nos bendiga a todos para salir de este caos".

Lea más: Detalles e imágenes reveladoras del asesinato de los cuatro menores de edad.

Al día siguiente, el 12 de diciembre de 2024, se enviaron seis fotografías, una de ellas con dos personas detenidas. Luego uno de los militares avisó que tomaba sus días de descanso. Otro respondió que estaba al tanto de todo lo que pase y "cualquier situación me pueden llamar". Así mismo, dijo a sus compañeros que la información que tengan se podía enviar a dicho grupo.

En otros mensajes, uno de los militares preguntó qué se comentaba en la promoción. Otro respondió que "la cosa era a la interna y no hay nada de nada" y se sugirió "meter abogado". Posteriormente, se enviaron tres archivos y uno de los militares le preguntó la subteniente John Z. por qué se iban a quedar (en el cuartel) "si no tenemos nada de culpa de nada".

Al parecer, tras lo sucedido la noche del 8 de diciembre, a los militares les impusieron un régimen de formación. Algo que fue cuestionado en el chat grupal. Uno de los militares aconsejó no hacer más grande la situación y esperar " a ver qué pasa y con abogado".

Luego, uno de ellos respondió "toca mantener a ver qué nos indican" y que "nos podemos hundir nosotros mismos". Otro recordó que si tenían información debían darla a conocer en el chat.

El oficial señaló que hubo dos muertos en el kilómetro 26 y mandó un archivo que no se visualiza en el expediente. Posteriormente, pasó una captura de pantalla de una denuncia en la página web de la Fiscalía. Otro respondió que la fecha era del 9 de diciembre y alguien respondió "siento que nosotros no somos de esa denuncia".

Entre los mensajes, se envió una foto del respaldo que los 16 militares implicados supuestamente tenían control en ejes viales la noche del 8 diciembre de 2024 desde las 19:00 hasta las 23:00.

Revise: Dos bananeras y una exreina de belleza, bajo investigación en red de narcotráfico.

Para el 13 de diciembre de 2024 un militar dijo que habló con un compañero del ECU 911. Aseguró que "la cámara no ha cogido nada. No se ve nada". Pero otro respondió que "sí había un video desde arriba". Dicha grabación ya estaba en manos del teniente coronel Juan Francisco I., también procesado en el caso.

Otro de los uniformados comentó que había la denuncia y dijo "roguemos a Dios que esos individuos aparezcan" y que deben defenderse "con base a los hechos" y que los oficiales "no los deben amenazar" y que debían plantear con sus abogados una buena defensa.

Para ese entonces, Josué, Nehemías, Ismael y Steven tenían cinco días desaparecidos. Uno de los uniformados indicó que no había seguimiento de la denuncia y otro respondió que "esos pelados tienen que estar ya en caleta relajados".

Luego un militar sugirió eliminar el grupo y otro dijo que mejor hicieran "como que no pasó nada". Posteriormente se envió un video y dos imágenes con una frase, además de un link de TikTok. El subteniente John Z., les avisó al resto que ya había que ir a rendir versión en la Fiscalía y preguntó quién más había sido notificado.

Uno le respondió que el teniente que les tomó versión ese día, iba a notificarles a cada uno la diligencia. Otro preguntó "y ahora", "toca ponernos de acuerdo antes de dar versiones".

Tras la notificación de ir a rendir versión, empiezan a sugerir asesorarse con un abogado. Otro le dijo al subteniente que se "ponga pilas" porque supuestamente según lo que él declarara, iban a llamar al resto. Y uno de los militares señaló al comando de la FAE de "venderlos" y que por eso "no era de haber dicho nada".

Hablaron sobre las evidencias halladas en el camino de tercer orden en Taura, que eso debía ser periciado por la Policía. De hecho, de acuerdo a la investigación del caso, el teniente coronel de la FAE dispuso un operativo en la zona donde fueron dejados los menores. Allí se encontraron prendas de vestir, que luego se revelaron, tenían partes quemadas y de acuerdo a los análisis de la Policía, coincidirían con la ropa usada por los menores.

La segunda reconstrucción de hechos del caso, permitió ampliar versiones donde se señaló al subteniente de ordenar a los menores a desvestirse, coger su ropa y lanzarla a un costado del camino.

Reunión por zoom y la unificación de su versión ante la Fiscalía

Luego de que los militares supieran que debían rendir versión en Fiscalía, uno de los uniformados sugirió que se reúnan "para que hagan y exista una sola versión". Añadió que con eso se los podía procesar en el ámbito penal. Eso supuestamente dijo un abogado.

El subteniente implicado envió la foto de su versión con firma. Señaló que fue lo último que rindió para que el resto vea y sepa "tal cual sucedieron las cosas", que "los llevamos y los dejamos con vida". Posteriormente, conversaron para ponerse de acuerdo y escoger a un abogado penalista.

Según el oficial, a él lo llamaban para "ver donde estaba" y sino se se había fugado como Cáceres (el policía sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal). También avisó que un grupo se había ido con la Dinased "a verificar donde los botaron (a los menores)".

Había inquietudes y un militar le dijo al subteniente que "esté tranquilo", que en la denuncia puesta "no había datos" y se mencionaba "a la mafia". Además que "parece el pito es aquí adentro".

Discrepancias entre los uniformados y las hipótesis sobre los cuatro menores

Conformen pasaban las horas, según el chat grupal, hubo ciertas discrepancias entre los uniformados. El subteniente acusó al resto de tener más información que ni él podía acceder y que "andaba afrontando la situación". Uno de los uniformados refirió dos hipótesis sobre lo sucedido con los menores. La primera quera que "los que operan el GDO de este sector aprovecharon el regalo y los secuestraron", y la segunda, que los menores fueron dejados y "se hicieron autosecuestro".

Luego de la reunión con el abogado, uno de los militares dijo que no han cambiado nada en los informes y que debían "sostener la verdad, que es que los dejamos sanos y salvos sin agresiones". El subteniente añadió que "él dio la disposición de dejarlos en libertad", porque "desconocían el procedimiento a tomar".

Posteriormente, tuvieron un zoom con un abogado el 15 de diciembre de 2024. El costo por los servicios legales era de USD 4 000 por persona y tuvieron que depositar un abono. Nuevamente hubo discrepancias contra el subteniente, quien comentó sentir que lo querían culpar de todo "cuando no es que nadie sabía" y que ahora "nadie sabe nada".

Otro uniformado pidió que dejen de pelear y que no se tomaran a la ligera la situación porque la pena podría ir hasta 34 años de prisión. La discusión continuó, pues el uniformado dijo que solo debían decir la verdad al abogado para que forme la defensa y que "nadie lo había vendido". Incluso, se hico referencia que en los informes "nadie había puesto que disparó" y que no se lo trataba de culpar.

Los militares abonaron USD 100 cada uno al abogado contratado inicialmente. El 16 de diciembre de 2024, rindieron su versión ante la Fiscalía. Para el 31 de ese mes, fueron procesados por desaparición forzada y enviados con prisión preventiva. Actualmente, el caso está en etapa de juicio y cada militar cuenta con abogados diferentes.

Te puede interesar: De amotinamientos a muertes masivas: así escaló la violencia en la cárcel de Machala.

TAG RELACIONADOS