Los candidatos a asambleístas hacen promesas por fuera de las competencias del Legislativo
Este 6 de febrero de 2025 termina la campaña de las elecciones generales, en la que los candidatos a la Presidencia y a la Asamblea Nacional han hecho de todo para convencer a los ciudadanos y sumar votos.
En el caso de los aspirantes al Legislativo, hay quienes han planteado propuestas populistas y controversiales, como la cadena perpetua o la castración a los violadores.
Su campaña ha pasado casi desapercibida. La mayoría se ha dedicado a acompañar a su candidato presidencial o a hacer recorridos en las provincias donde participan. Por supuesto, tampoco han dejado de lado las redes sociales con bailes y contenido propenso a viralizarse.
A la par de la campaña, una investigación periodística de Fundamedios pone en evidencia a los candidatos en sus declaraciones de impuestos, de patrimonio e investigaciones penales.
Ecuavisa.com presenta un resumen de lo que ha sido la campaña de los candidatos a la Asamblea.
Desde cadena perpetua hasta castración química
El pasado 26 de enero de 2025 fue el debate entre candidatos a asambleístas nacionales, organizado por la Universidad Ecotec. En el encuentro estuvieron 10 de 12 líderes de las listas, quienes aprovecharon el espacio para exponer sus propuestas legislativas.
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El candidato de Creo, Juan Fernando Flores, planteó la reforma para que en Ecuador se permita la cadena perpetua para jueces corruptos. En ese planteamiento coincide Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP).
Arturo Moreno, de Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) plantea una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incrementar penas a ciertos delitos, incluso la castración química para quienes cometan delitos sexuales.
El candidato del Movimiento Amigo, Yaku Pérez, dice que esas propuestas son populistas y que son regresivas de derechos. Además, explica que los planteamientos van en contra de los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador, concretarlos implicaría dar un paso al costado de los convenios.
La candidata del correísmo, Liliana Durán, dice que las propuestas populistas son herramientas que utilizan los candidatos que saben que no van a ganar.
Sin embargo, la candidata por la Revolución Ciudadana en Santo Domingo, Viviana Veloz, presenta un plan para atender a los migrantes deportados de Estados Unidos. La propuesta incluye fortalecer la red consular, entregar un salario básicos, reconocimiento de estudios, líneas de créditos, facilitar la reunificación familiar. Todos esos programas se pueden implementar desde el gobierno central.
En redes sociales se ofrece de todo, incluso propuestas que están por fuera del alcance del Legislativo, por ejemplo, la candidata de la lista de ADN, Annabella Azín, ofrece crear un hospital oncológico en Quito, en el que atiendan 500 profesionales, con una inversión de USD 150 millones, facultad que está en manos del Ejecutivo.
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El candidato de Suma, Guillermo Celi, cuestiona que Azín no se haya presentado a los debates. También recomienda a los ciudadanos a vigilar la actuación de los asambleístas en el Pleno.
Al ser consultado sobre propuestas populistas, el candidato de ADN en Guayas, Ferdinan Álvarez, dice que esas promesas son parte de la vieja política y que en las urnas se pueden enterrar.
Otra oferta recurrente de los candidatos a asambleístas es la reducción del IVA. Por ejemplo, Andrés Quishpe, de Unidad Popular, promete bajarlo del 15 al 10 %. Para conseguirlo, es necesario una propuesta del Ejecutivo, puesto que la Asamblea no tiene iniciativa legislativa en temas tributarios.
Ricardo Vanegas, de Centro Democrático, propone reducir la jornada laboral de 40 a 36 horas. Ese planteamiento es viable desde la Asamblea Nacional, pero resulta complejo ejecutarlo por los consensos que se deberían alcanzar en una reforma laboral que generalmente provoca división en el Parlamento.
Graves cuestionamientos a Asambleístas
Más allá de las promesas casi imposibles de alcanzar, la investigación de Fundamedios con la colaboración de 38 periodistas, muestra que hay candidatos con graves señalamientos.
Por ejemplo, envueltos en procesos penales, cuyos patrimonios han crecido desde que trabajan en el sector público o con deudas ante el SRI.
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La investigación reveló que unos 236 candidatos, de los 2 089, registran denuncias penales en su contra, algunas que ya fueron archivadas y otras que están en suspenso.
De los 180 candidatos nacionales, 80 de los 180 han presentado declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado en los últimos 10 años. Diario El Universo, uno de los medios que participó en la investigación, dice que 19 tuvieron fluctuaciones de sus patrimonios considerables.