Consulta popular y referéndum 2025 | ¿No sabe cómo votar? Aquí, los argumentos a favor del Sí y del No

Faltan cuatro días para que los ecuatorianos retornen a las urnas para responder las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum del próximo domingo 16 de noviembre. Como la campaña ha sido de muy baja intensidad en cuanto a conceptos, muchas personas no saben por qué votar Sí o No.

Ecuavisa.com recopiló los principales argumentos de 16 analistas que, en las dos últimas semanas, participaron en los programas CONTACTO DIRECTO Y POLÍTICAMENTE CORRECTO y que pueden orientar el criterio del votante.

Pregunta A: Bases militares extranjeras

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras?”

La Constitución actual prohíbe su establecimiento. Por ello, entre los argumentos a favor del Sí, Carlos de Tomaso, catedrático y jurista, señaló que ante la crisis de seguridad que supera lo transnacional, el país no puede rechazar ayuda extranjera. “Recordemos además que cualquier base que entre a Ecuador debe aprobarse mediante un tratado que fije límites y tiempo de permanencia”, dijo.

Rodrigo Jarrín, teniente (SP) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) invitado de Contacto Directo, añadió que la base de Manta, entre 2000 y 2009, mejoró la logística, el entrenamiento y el empleo local, por lo que el retorno de bases permitiría mayor capacitación, inteligencia y tecnología militar.

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El Gobierno sostiene además que estas bases ayudarían al control de la pesca ilegal, el contrabando y el narcotráfico, y se ubicarían en puntos estratégicos, como Manta, Salinas, Sucumbíos u Orellana.

A favor del No, está el exjuez constitucional Ramiro Ávila, quien recordó que Colombia tiene siete establecimientos militares estadounidenses y, sin embargo, el narcotráfico creció. El asambleísta por RETO, Raúl Chávez, coincidió en esa idea y añadió que “la inseguridad no se resuelve con bases extranjeras, sino con políticas públicas”.

A su vez, la exasambleísta por Revolución Ciudadana Gissela Garzón, mencionó un estudio de la ONG Inredh que demuestra que, durante la presencia de la base de Manta, la población aseguró no sentirse más segura ni tener mejores condiciones.

“Esta no es la primera consulta sobre seguridad. Nada de lo que ha hecho el Gobierno ha reducido la violencia. Por eso, el NO debe ser contundente”, dijo Garzón.

Pregunta B: Financiamiento público a organizaciones políticas

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas?”

Desde el retorno a la democracia en 1979, las tres constituciones que han regido en el Ecuador han asignado recursos a los partidos y movimientos políticos que, en la actualidad según el CNE, son 232, con fines de capacitación y formación política. Desde 2008, se han destinado unos USD 263 millones al fondo permanente de estas organizaciones.

Las voces a favor del Sí en esta pregunta argumentan que los partidos deben financiarse con aportes de sus militantes y no con dinero público. Mishelle Calvache, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), dijo que “el Ecuador es un país pobre y no puede darse el lujo de gastar tanto dinero en política”.

Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuestiona que se mantenga el financiamiento estatal a los partidos políticos, mientras estos no inviertan en la formación de mejores cuadros.

“Es un absurdo que, pese al dinero público que se les da, ningún político tenga una verdadera visión de país. La academia debería ser pquien eduque y capacite a los nuevos políticos si lospartidos no saben cómo hacerlo”, afirma.

“El Estado solo debería financiar campañas que vayan directo a la educación y formación de mejores políticos. Nada más”, señaló Rohon.

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A favor del No está Fausto Camacho, exvocal del CNE, quien sostiene que el financiamiento estatal evita el conflicto de intereses con los aportes privados. “Recordemos el caso Jamil Mahuad y Fernando Aspiazu. USD 3 millones del Banco del Progreso financiaron su campaña presidencial”.

Mientras que Carlos Aguinaga Ayllón, exvocal del CNE, advirtió que el financiamiento privado suele ser históricamente mínimo para las organizaciones, por lo que se correría el riesgo de que las más pequeñas, desaparezcan. “El sistema de partidos requiere financiamiento público, es lo más importante que no debe desaparecer por ningún motivo”.

Pregunta C: Reducir el número de asambleístas

“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija con los siguientes criterios: 10 nacionales, 1 por provincia y 1 adicional por cada 400.000 habitantes según el último censo nacional?”

Actualmente, la Asamblea Nacional se compone de 151 legisladores. 15 son nacionales, 130 provinciales y 6 del exterior. De aprobarse esta reforma, el Parlamento se quedaría con 73.

Daniel Noboa justifica la propuesta por dos razones. La primera es que el país gastaría USD 15,6 millones menos cada año. La segunda razón es por eficacia, porque sostiene que una Asamblea más pequeña despacharía leyes con mayor rapidez. En eso concuerda César Rohon, quien recordó que la Constituyente de 1998, con 78 miembros, funcionó con eficiencia.

A su vez, Inés Alarcón, asambleísta de ADN, también invitada a los debates, añadió que esta propuesta responde más al “clamor ciudadano de quienes no se sienten representados por una Asamblea que ha sido convertida en tarima de show político”.

Por el NO en esta pregunta, la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes sostiene que una Asamblea con menos curules dejaría casi sin representación a las provincias pequeñas y afectaría la paridad de género.

Además, Goyes advirtió que “un Legislativo debe ser siempre el contrapeso del Gobierno, pero en este caso, al ser más reducido, podría facilitar el control del Ejecutivo y abrir la puerta al autoritarismo”. Todas las posturas resumidas a continuación.

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El exconsejero Fausto Camacho advierte el riesgo de que las corrientes minoritarias y terceras vías no tengan opción de entrar en la asamblea porque son pocos los escaños en disputa en muchas provincias con población indígena y porque el método D´hondt favorece a las mayorías.

Además, señala que las seis curules para el voto en la exterior queda sobrerrepresentado, pese a su población dispersa con voto facultativo, frente a otras provincias.

Pregunta D: Instalar una Asamblea Constituyente

“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por voto popular, para elaborar una nueva Constitución que entrará en vigencia solo si es aprobada en referéndum?”

De ganar esta pregunta, se instalaría una Asamblea Constituyente con 80 miembros: 24 nacionales, 50 provinciales y seis del exterior, que redactarían una Constitución hasta diciembre de 2026.

Entre las posturas por el SÍ, el exviceministro de Gobierno, Mario Cuvi y la asambleísta oficialista Diana Jácome sostienen que después de 17 años la actual Constitución necesita una actualización profunda.

Según Cuvi, la Constitución de Montecristi tiene una visión estatista que frena la inversión extranjera. Por ello, propone una nueva Carta Magna para abrir el país como, dice, ocurre en Perú y Colombia.

“Nuestros países vecinos reciben cada año entre 12 y 14 veces más inversión que Ecuador. Ese es el dinero que necesitamos para tener mejor salud, educación, desarrollo”.

Raúl Chávez considera que el principal argumento para votar por el NO es el costo. “El proceso podría significar entre USD 200 y 300 millones. Es una inversión que el país no puede asumir”.

Mientras que Yaku Pérez, excandidato a la Presidencia, advierte que podría haber una regresión de derechos y que “no tiene sentido cambiar la Constitución si ni siquiera se cumple la actual”.

“Ir a una Constituyente es un cheque en blanco, es saltar al vacío, y permitir al Gobierno favorecer a las empresas mineras y debilitar los derechos de la naturaleza y de los colectivos”.

De forma más crítica, aunque neutral, la exministra de Gobierno Alexandra Vela advierte que el formato de asignación de escaños propuesto podría aumentar la polarización de los bloques constituyentes y reducir la presencia indígena.

“Lo más preocupante es que esas fuerzas no representen a la ciudadanía, sino a un caudillo o a otro caudillo”. Encuentra todas las posturas en el cuadro siguiente.

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