Los hechos polémicos que rodean a Aquiles Álvarez, el alcalde que enfrenta juicio por el caso Triple A

El juicio estaba previsto para enero de 2026 pero se adelantó para este 24 de diciembre. Tras ser acusado en una trama de supuesta distribución ilegal de combustible, Álvarez ha estado rodeado de hechos polémicos como allanamientos y hasta confrontaciones con el Sercop.
Aquiles Álvarez enfrentará audiencia de juicio este miércoles 24 de diciembre de 2025 por el delito de distribución ilegal de combustible en zonas fronterizas.()
24 dic 2025 , 06:00
Annabell Verdezoto

Luego de un año, el caso Triple A llegó a juicio. La primera audiencia está prevista para las 14:30 de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Quito. Será justamente contra el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y 21 personas naturales y jurídicas.

La Fiscalía General del Estado los acusó de presunta distribución ilegal de combustible en zonas fronterizas y un prejuicio económico de al menos USD 61,5 millones. La diligencia estaba prevista para el 21 de enero de 2026 pero se adelantó para hoy.

Aquiles Álvarez -que salió de las filas del correísmo y obtuvo una Alcaldía, ha dejado en firme su postura y desacuerdos con el gobierno de Daniel Noboa en algunas ocasiones. Incluso, las sesiones solemnes por la Fundación o Independencia de Guayaquil se han realizado sin la presencia del Presidente.

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El caso Triple A, cómo surgió y de qué se lo acusa a Álvarez

En julio de 2024, comenzó la investigación del denominado caso Triple A, que hoy llegó a etapa de juicio. Surgió tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que detectó supuestas irregularidades como ventas superiores a la capacidad de almacenamiento de combustible en las estaciones de servicio y presunta exportación ilegal de combustible subsidiado.

Se allanaron las oficinas de una de las empresas relacionadas a Álvarez. En diciembre de 2024, la Fiscalía procesó a cinco personas naturales y cinco jurídicas. En febrero de 2025, se allanaron cinco estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Para abril, se vinculó a 10 ciudadanos más y una empresa.

Según la ARCH, el 10 % del combustible subsidiado del segmento automotriz (en el diésel) lo utilizaban para el segmento industrial. "Es decir, se estaban beneficiando de ese subsidio que el Estado está brindando a la ciudadanía para el parque automotor y lo vendían en el segmento industrial, ganándose un diferencial de más de USD 1", aseguró Christian Puente, director ejecutivo encargado de la ARCH.

Desde que inició el caso, Aquiles Álvarez y su defensa han mantenido hasta ahora el discurso de que la denuncia tiene motivaciones políticas. La audiencia de juicio estaba prevista para enero de 2026, pero se adelantó a vísperas de Noche Buena.

¿Sabías que?
El delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos mediante gasolineras, está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona hasta con cinco años de prisión.

Álvarez cuestionó la decisión judicial de adelantar la audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 21 de enero y fue reprogramada para el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. "Vamos a ir, vamos a comparecer, aunque obviamente son ganas de joder", expresó.

Calificó la medida como una estrategia mediática. "Todo es para la foto, para seguir vendiendo humo", afirmó. Además subrayó que el proceso tiene motivaciones políticas.

El alcalde Álvarez está señalado por la Fiscalía en calidad de autor. Era representante legal de una de las compañías investigadas. En la audiencia de vinculación, se detalló que en calidad de representante legal, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

La defensa de Álvarez solicitó que la audiencia de juicio sea transmitida en vivo por medios telemáticos, pero aún no hay respuesta a ese pedido. Uno de los jueces que conformaban el Tribunal para la audiencia, era Carlos Serrano, quien habría salido del país tras la filtración de audios sobre presiones para fallar a favor de un narcotraficante, en otro caso.

Investigación por presunto lavado de activos vinculado a la familia Álvarez

El caso Triple A no es la única investigación penal contra Aquiles Álvarez. En octubre de 2025, la Fiscalía anunció una indagación por presunto lavado de activos ligado a la familia del Alcalde. Por eso, se allanaron propiedades en Guayaquil y Samborondón ese mes.

Según la entidad, la investigación inició con un reporte de operaciones inusuales. Seis personas del mismo círculo familiar habrían transferido acciones y bienes para supuestamente ocultar la identidad de accionistas y un patrimonio presuntamente de origen ilícito.

Las transferencias habrían superado los USD 3,5 millones. Y una de las compañías investigadas adquirió bienes por USD 4 millones.

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Álvarez calificó como un distractor los allanamientos, que se dieron previo a las fiestas de Independencia de Guayaquil. "Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados", expresó en sus redes sociales.

Hasta el momento, dichos allanamientos o investigación no han trascendido a una convocatoria de audiencia de formulación de cargos. Posteriormente a las incursiones, las autoridades judiciales no se refirieron al tema.

Confrontaciones por procesos de contratación pública en el Municipio de Guayaquil

En su gestión como alcalde, Aquiles Álvarez también ha estado en medio de polémica y confrontaciones. Las últimas relacionadas al sistema de Contratación Pública.

Comenzó en septiembre, cuando el Sercop bloqueó contratos relacionados al concurso de Reina de Guayaquil y de la sesión solemne del 9 de octubre. "La respuesta es clara: se desconoce la autonomía del gobierno local y, al mismo tiempo, afectar directamente a los ciudadanos de Guayaquil", señaló la administración de Aquiles Álvarez en aquel entonces.

Las tensiones no disminuyeron. El Sercop posteriormente suspendió para noviembre 16 contratos del Municipio, 14 eran de publicidad radial. Según la Alcaldía, los procesos tenían justificaciones técnicas, oficios de respuesta, resoluciones y otros documentos.

Los otros dos procesos suspendidos eran respecto a la organización y producción de activaciones culturales del proyecto "Cultura en Movimiento", valorado en USD 67 636, y a la contratación de servicios de presencia de marca del Municipio de Guayaquil en la Feria Internacional del Libro 2025, por USD 143 961.

Así mismo, el Sercop bloqueó un contrato para la compra de insulina. Esto provocó intercambio de insultos entre Álvarez y Julio José Neira, titular del Sercop. Según Neira, la actual administración del cabildo buscaba comprar la medicina con sobreprecio USD 1,2 millones en el extranjero.

La entidad afirmó que el producto sí está disponible en el país y que la Alcaldía pretendía importar la insulina sin cumplir el requisito del registro sanitario emitido por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

"Queda claro que lo único importante para el alcalde procesado es adjudicar con sus proveedores extranjeros", escribió Neira desde su cuenta personal en X.

La disputa escaló al punto de que el alcalde maldijo al funcionario estatal. "Que alguien le explique al maldito insensible que dirige el Sercop que esta es la realidad. Lo único real es que bloqueas importación de insulina mientras la gente se muere. Deberían de demandarte por lesa humanidad. Maldito seas", expresó Aquiles Álvarez.

Mientras que Neira publicó que "Queda claro que lo único importante para el alcalde procesado es adjudicar con sus proveedores extranjeros".

Para diciembre de 2025, un contrato de seguridad privada entró en la mira tras la agresión a equipos periodísticos afuera de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

¿Qué pasará ahora? El Municipio no ha dado más detalles sobre los procesos bloqueados por el Sercop. En cuanto al alcalde Álvarez, la audiencia de juicio durará varios días, hasta el 30 de diciembre de 2025.

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