El paro solo se acabará en Buenos Aires

Si el paro en Imbabura entró en el día 23, es porque el Gobierno no logró tener un diagnóstico claro de cuan peligrosos son los tentáculos de la minería ilegal en varias capas de esa provincia. Y cómo su dinero ilícito puede mantener a flote el bloqueo en esa provincia todo el tiempo que sea posible.

No se trata solamente de armar un discurso ‘light’ para los medios, las redes sociales y la batalla política en el resto del país, responsabilizando a esta actividad delictiva de las hostilidades que se viven en Cajas, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra, refiriéndose a ella como una simple corruptora de la dirigencia indígena.

El asunto es mucho más complejo y si no se ataca de raíz, el paro podrá extenderse muchos días, no solo complicando la imagen del Gobierno que, en temas históricos, sería lo de menos. Lo grave está en la posibilidad de que el país pierda a Imbabura y que su industria legítima y próspera como los textiles, el cuero, las flores, los lácteos y el turismo ceda ante el terror de quienes impondrán su ley por cuenta del dinero de la minería ilegal.

Una manera de solucionar esta crisis es que las Fuerzas Armadas tomen el control absoluto de Buenos Aires, aquella parroquia rural del cantón Urcuquí, de donde se extrae oro de manera ilegal, se lava el dinero del narcotráfico y se consolida un hub de organizaciones delincuenciales de terror.

Quienes conocen la zona advierten que unas 3.000 personas operan ahí, exportando una riqueza informal, desde hace ocho años, convirtiendo a Otavalo en una suerte de centro de negocios para la compra y venta de oro, a vista y paciencia de autoridades impávidas y cómplices.

Lea también: Menos mano dura y más cabeza fría

Por esa razón es que no ha habido instituciones ni líderes políticos y sociales que logren calmar las protestas y aliviar el bloqueo. Tanto a la dirigencia indígena como al Gobierno se les fue de las manos el problema porque los actores delictivos tienen el control de la zona y han logrado ejercer terror, agrediendo a los ciudadanos, vacunando a los empresarios y confiscando el gas para venderlo a 15 dólares y de manera selectiva. Es decir, una zona que se parece a la Colombia de los años 80 y 90.

Si no está clara la dimensión de esta tragedia, el presidente Noboa seguirá dando vueltas y tomando decisiones reactivas sin resultados.

Quizá un paso inicial sean los bombardeos en Buenos Aires que se han realizado en las últimas horas, para dañar los campamentos de la minería ilegal. Se supone que se afectaron 4.000 hectáreas en Buenos Aires.

Esto será insuficiente si no se aborda esa zona como una misión de cuidado estratégico y seguridad nacional.

Es urgente que dentro del Gobierno exista la claridad necesaria para entender lo delicada de la situación, en donde la eliminación del subsidio al diésel es un mero pretexto para extender el caos. Si Noboa tiene asesores que no conocen la dinámica de Imbabura y la tragedia de la minería ilegal, debe buscar unos nuevos, más patrióticos. Qué tal si se empieza por nombrar un gobernador competente.