10 momentos de la Asamblea Nacional en tres meses de jugarretas y pactos

La Asamblea Nacional cumplió tres meses en funciones. Durante ese tiempo se han aprobado nueve leyes con amplia holgura, entre las que comenzaron a tramitarse el periodo anterior y las que se presentaron por iniciativa del Ejecutivo.

Las encuestas reflejan una valoración positiva de la ciudadanía al Legislativo, con más de 60 puntos, lo que no se había visto en las últimas administraciones, de 2017-2021 ni 2021-2023, cuando era la institución con peores resultados.

Sin embargo, como es típico en la política ecuatoriana, también se han presentado jugarretas al debatir temas trascendentales como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) o el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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A la par, ha sobrevivido el pacto legislativo entre el correísmo, el oficialismo y el Partido Social Cristiano.

Nueve leyes se han aprobado en tres meses. Seis que se avanzaron en el periodo anterior y tres que llegaron como económicas urgentes por parte del presidente Daniel Noboa.

La primera propuesta del Mandatario tuvo 107 votos, la siguiente 131 y la última se votó por bloques, de los cinco, solo el relacionado con el incremento del IVA no tuvo el respaldo necesario, aunque igual se incluyó mediante el veto presidencial.

En este nuevo período, el Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recoge un ranking los asambleístas que han presentado más proyectos legislativos.

El legislador de Construye, Camilo Salinas, ha entregado seis propuestas; José Vallejo, de la Revolución Ciudadana, cinco; y cuatro asambleístas, Vicente Taiano (PSC), Franklin Samaniego (RC), Fernanda Méndez (RC) y Cristhian Vega (RC), han planteado dos, durante estos estos meses.

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En el ámbito de fiscalización, la Comisión encargada primero definió los juicios políticos que tramitará. De los seis pendientes, archivó tres, suspendió uno y dos se asignaron nuevos interpelantes.

En el caso del exministro de Inclusión, Esteban Bernal, ya fue censurado por el Pleno. Mientras que el juicio político contra el exvocal de la Judicatura, Juan José Morillo, y el actual consejero, Fausto Murillo, está a la espera de que la mesa legislativa emita un documento recomendando o no el enjuiciamiento.

Además, en este periodo se presentaron otros pedidos de juicio que se pusieron a la cola. El más trascendental es en contra de la fiscal Diana Salazar, pero también está pendiente uno contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y los exvocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz. A esos se suman los pedidos contra el exministro del Interior, Juan Zapata, y el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.

En cuanto a la ocupación de la curul, siguiendo la información del Observatorio Legislativo, el legislador que tiene menos porcentaje de registro es Carlos Aulla, independiente; le sigue el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle y la asambleísta del correísmo, Sofía Espín.

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Incluso antes de que asuman sus curules, los pactos y acuerdos entre asambleístas electos resonaban. El pacto legislativo, que incluía a la Revolución Ciudadana, el PSC y ADN, se confirmó el día que se eligió por una amplia mayoría al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

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A pesar de que hasta la fecha no está claro cuáles eran los acuerdos, más allá de la designación de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, resultó evidente que también se incluyó el reparto de las comisiones legislativas, cuando RC se llevó las más importantes en el manejo político: Fiscalización y Justicia.

Mientras que, ADN, consiguió protagonismo en las relacionadas con lo económico; y el PSC se quedó con la mesa de Trabajo, entre otras.

Luego vino destrabar el juicio político contra Guillermo Lasso, que quedó pendiente en el periodo anterior. En ese caso, no hubo ninguna fuerza política que se oponga a emitir una resolución que lo ubique como responsable político de peculado, a pesar de que ya no era viable la censura.

Ni el PSC ni ADN ni RC han confirmado las líneas rojas del pacto. Sin embargo, han apoyado la voluntad de sus aliados, aun con omisiones o declaraciones en contra, pero allanando el camino para que se concrete.

Por ejemplo, cuando el juez Luis Rivera pidió autorización a la Asamblea para enjuiciar penalmente al exvicepresidente Jorge Glas, por el caso de reconstrucción de Manabí, solo hubo 44 votos a favor. Sin embargo, Kronfle se ausentó y permitió que el correísmo dirija la sesión. Con la actuación de la presidenta encargada, Esther Cuesta, el tema quedó en un limbo jurídico que luego se aclaró cuando el juez decidió enjuiciarlo.

Luego, cuando el presidente Noboa necesitaba el alza del IVA, las organizaciones políticas se opusieron a viva voz e incluso aparecieron los líderes de las organizaciones, Jaime Nebot y Rafael Correa, para rechazar la propuesta.

Sin embargo, generaron un documento que, a criterio del constitucionalista Emilio Suárez, irrespetaba la norma máxima, porque proponía impuestos, facultad exclusiva del Presidente. Al dar paso a un proyecto de ley, tácitamente le daban la oportunidad de que vete e incluya el alza del IVA.

El último caso que generó críticas es el de las reformas al COIP. La Fiscalía, algunos expertos y unos cuantos asambleístas alertaron que en esa ley se podía sembrar un espíritu de impunidad, para favorecer a sentenciados por corrupción.

Debido a la presión de la opinión pública, todavía no se vota la aprobación de la propuesta, pero es otro ejemplo de que la alianza da sus respaldos, aunque muestra sus rechazos. El PSC ha dicho que va a votar en contra, a pesar de que durante el tratamiento en la Comisión de Justicia, no hicieron ninguna observación.