Estructura liderada por Correa recibió casi $8 millones, dijo la fiscal Salazar

El juicio contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otras 20 personas, por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado, inició este lunes en la Corte Nacional de Justicia.

En el caso denominado "sobornos 2012-2016" están procesados el exvicepresidente Jorge Glas -condenado a seis años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht- exministros, exdiputados y empresarios.

En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que “entre 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, como líderes y coordinadores, cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones; ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos”.

Esta tesis fue corroborada por la defensa de Pamela Martínez, que en su alegato señaló que la procesada actuó cumpliendo órdenes, coordinando el cruce de facturas y el registro de pagos de empresas, bajo la directriz del expresidente Rafael C. y del exvicepresidente Jorge G.

“Quedará sentado que el valor total recibido por la estructura liderada por Rafael Correa, por medio del mecanismo sistemático de recaudación, asciende a $7 797 588, 61, equivalente: $6 793 088, 61 a través del cruce de facturas y $1 004 500 en efectivo”, agregó la fiscal Salazar.

Por su parte, la defensa de Pedro Verduga aseguró que –a través de Pamela Martínez– se le exigieron aportes bajo la amenaza de suspensión de pagos y que él accedió a los mismos sin tener conocimiento de su finalidad.

Posteriormente, Fiscalía realizó el anuncio de los acuerdos probatorios alcanzados durante la audiencia de juicio: 47 pruebas relacionadas con Pamela Martínez y 14 con Laura Terán, que no podrán ser controvertidas (o rebatidas) durante el juicio.

Hasta el cierre de la jornada, la Fiscalía General del Estado presentó, como parte de su prueba, la reproducción de los testimonios anticipados de Martínez y Terán, quienes describieron la forma en que se realizó la coordinación, seguimiento y registro de los aportes al movimiento político del gobierno anterior.